Claro y contundente. Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), ha intervenido este martes en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Catalunya y ha manifestado que él y los dueños de la extinta BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, fueron víctimas de "políticos sin escrúpulos ni moral". Y ha citado nombres: "El exministro Jorge Fernández Díaz es el responsable de esta corruptela parapolicial, por acción o por omisión. Y la implicación del presidente Rajoy, al final, la demostraremos."
El exdirectivo de la BPA ha detallado la extorsión que sufrió él, personalmente, en el 2014, cuando un responsable policial le exigió "información bancaria de la familia Pujol Ferrusola, Oriol Junqueras y Artur Mas, y si no, el banco caería e iría a manos de unos americanos, como pasó." Miquel ha declarado que el cierre de la BPA "afectó directamente a 700 familias de profesionales que trabajaban en el banco", y ha insistido: "De nosotros, la BPA, no salió información de la familia Pujol."
La policía patriótica, sin embargo, consiguió, sin permiso judicial, los datos bancarios y el 7 de julio de 2014 el diario El Mundo publicó el famoso pantallazo de cuentas de sus hijos del president (menos de Oriol Pujol) y de su esposa Marta Ferrusola, que provocó que Pujol confesara que la familia tenía un dinero no declarado en Andorra, hecho por el cual serán ahora juzgados.
Ante las acusaciones del exdirectivo de la BPA, la comisión del Congreso que investiga las maniobras del Ministerio del Interior contra el independentismo catalán en época del PP ha resuelto, ya este martes, que cita a comparecer el próximo 5 de marzo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El PP, nervioso crispado
La comparecencia se ha encendido al final, cuando el diputado del PP Rafael Hernando, nervioso y crispado, ha atacado a Miquel, ha negado la operación Catalunya y le ha recomendado que dejen las demandas de reclamaciones de responsabilidades al Estado español y que se defienda de los procedimientos abiertos en el Principado, pendientes de sentencia. El exdirectivo de la BPA le ha recomendado al popular que escuche los audios que grabó donde el inspector Celestino Barroso la amenaza abiertamente, y que "están en guerra" con el independentismo catalán.
Por el contrario, los diputados de Junts, Josep Pagès; el republicano Gabriel Rufián, y el socialista Manuel Arribas, le han pedido que aclarara extremos e implicaciones políticas. "Para mí usted es la primera víctima que ha venido a esta comisión. ¿Qué pide?, le ha preguntado Rufian. "He estado 2 años en la prisión y todavía tengo las cuentas embargadas. Espero que restituyan la honorabilidad de las personas, que se pare el linchamiento mediático. No cobré nada de fondos reservados, como se dice, quizás alguna persona se los quedó. Y los indicios contra el gobierno de Rajoy son claros."
La extorsión a la BPA y la actuación americana
La extorsión a los responsables de la BPA ha sido documentada con audios y notas informativas del comisario José Manuel Villarejo, tal como ha informado ElNacional.cat, en un documental. El exdirectivo de la BPA ha recordado al Congreso, cómo primero recibió una llamada del policía Bonifacio Díaz, que conocía de la embajada, y que le decía que tenía que recibir en Celestino Barroso, al cual grabó las amenazas. También tuvo que ir a Madrid, donde se encontró con el comisario Marcelino Martín Blas (que se hacía decir Félix), y que en la comisión rehuyó de tener ninguna responsabilidad, a pesar de validar la existencia de la operación Catalunya.
El diputado de Junts, también ha pedido al exdirectivo de la BPA sobre la nota del tesoro de los EE.UU. (FinCEN), que forzó la intervención de la BPA el 10 de marzo de 2015, y también de su filial en el Estado español, el Banco Madrid, por parte del Banco de España ante la alerta de un supuesto blanqueo de capital en los dos bancos. Las entidades fueron disueltas el año 2016.
La información fue facilitada por el Servicio de Inteligencia Financiera de España (Sepblac) de "forma intencionada y sesgada", ha afirmado Joan Pau Miquel, ya que ha detallado que las sospechas sobre venezolanos, rusos (caso Petrov) y chinos, ya hacía años que se investigaba en el Estado español. Miquel incluso ha hecho sorna: "Hace 13 años que investigan la trama china en España, y ahora la fiscalía ha rebajado la acusación y nada se ha probado que el dinero fuese del crimen organizado"
Ha añadido que desde la BPA se presentó una demanda en los EE.UU. para saber la documentación con la cual se hizo la nota el FinCEN, pero como el organismo despublicó esta alerta meses después, en febrero de 2016, y el juez consideró que no había nada que reclamar. En este sentido, el diputado Pagès ha planteado que "hay que desclasificar documentos que el Seplac" envió a los EE.UU. en el caso de la BPA, y aclarar si hay responsabilidades de los exministros de Economía y de Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro.
Finalmente, Miquel también ha recordado que en Andorra continúa abierto un procedimiento contra el expresidente Rajoy y su policía patriótica, pero las autoridades judiciales españolas "ralentizan el proceso para interrogarlos". En el Estado español, por ahora, ningún juez ha querido investigar la extorsión a Joan Pau Miquel ni a los hermanos Cierco.