Joaquim Bosch Grau (Cullera, 1965) es magistrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Moncada, en el País Valencià, y acaba de publicar Jaque a la democracia (Ariel), donde concluye que en el Estado español hay “riesgos potenciales que en el futuro haya retrocesos democráticos”. Atiende a ElNacional.cat en un hotel céntrico de Madrid un rato antes de presentar el libro en el Ateneo de la capital, dos días antes de hacerlo en Valencia y el día antes de la cita en Barcelona. En una conversación de cuarenta minutos, sostiene que después de la muerte de Francisco Franco “pasaron cosas relevantes que no sabemos” y que, si se conocieran, “probablemente desvirtuarían muchas de las verdades oficiales”. Por eso esgrime que “no hay valentía suficiente” para hacer un “ejercicio necesario de transparencia” y “revelar todo lo que pasó”. De retorno a la actualidad, Joaquim Bosch critica que el anterior CGPJ, antes de la renovación pactada entre el PP y el PSOE el pasado mes de junio, actuó como una “correa de transmisión” del PP y se muestra preocupado por el hecho de que los tribunales superiores estén configurados en contextos de “fuertes injerencias partidistas”. “El Poder Judicial tiene que ser cuestionado, criticado y vigilado”, remacha. Sobre la ley de amnistía, augura que es “muy probable” que el Constitucional “rectifique” la negativa del Supremo a aplicarla a la malversación, considera que es “muy difícil” que prospere una querella contra Pablo Llarena y, aunque está en desacuerdo con su interpretación, cree que el Alto Tribunal “ha actuado en el ámbito de sus competencias”.
Su nuevo libro se titula Jaque a la democracia. ¿Cuál cree que es la principal amenaza que vive actualmente la democracia española?
La principal amenaza puede venir de imitar procedimientos de involución autoritaria que tienen lugar en otras partes del mundo. No olvidemos que hoy la extrema derecha es el partido mayoritario en Austria, en Holanda, en Francia, en Italia, en Polonia y en otros países de la Europa del Este. Y pienso que la referencia que puede ser más peligrosa es la de Hungría, que es especialmente admirada por la extrema derecha española.
¿Hasta qué punto la derecha tradicional tiene un grado de responsabilidad en el auge de la extrema derecha?
Uno de los rasgos más característicos de la involución autoritaria en varias partes del mundo es que no siempre ha habido un partido de extrema derecha exitoso que ha acabado sobrepasando los otros, sino que se ha producido una mutación en la derecha convencional. Por ejemplo, el Partido Republicano de los Estados Unidos, un partido de derecha tradicional, ha dado un giro hacia la derecha. O el Fidesz en Hungría o el Likud en Israel. Partidos de derecha clásica están dando el giro hacia la extrema derecha, en una mutación realmente singular, o acogiendo los discursos xenófobos de orden público o de tipo autoritario en una estrategia que legitima los discursos ultraconservadores y les hace ir perdiendo terreno y espacio electoral delante de la extrema derecha. En nuestro país, en los últimos tiempos, estamos viendo episodios en esta línea: una derecha convencional que está cogiendo discursos xenófobos.
“El Poder Judicial tiene que ser cuestionado, criticado y vigilado. Si no tiene contrapesos, puede actuar de forma abusiva”
En el libro afirma, que desde la “sacudida del procés” en octubre de 2017, Vox “empezó a cultivar adhesiones importantes”. ¿Usted considera que el independentismo es el culpable del crecimiento que ha experimentado Vox a escala española?
En general, prefiero no hablar de culpables. Ahora bien, todos los expertos internacionales y las personas que hemos analizado internamente el crecimiento muy rápido de la extrema derecha en el Estado español, comparten una coincidencia que el procés ha sido el elemento que ha catapultado y que ha hecho crecer a Vox porque ha activado un españolismo extremo en algunos ámbitos que ha hecho posible aglutinar y generar cohesión social en unos ámbitos parecidos a los de otros países europeos. Antes del procés, se estaban utilizando herramientas de otros países y la presencia de la extrema derecha en España era irrelevante. Es a partir del procés cuando hay un crecimiento rapidísimo. Yo creo que el procés fue el punto de partida.
También habla de la condena por prevaricación contra el juez Salvador Alba para intentar perjudicar a Victoria Rosell. ¿Más allá de este caso, considera que en España ha habido otros casos que se aproximen al lawfare?
Este ejemplo es un caso muy claro de lawfare. La sentencia indica que desde el ámbito judicial se intentó perjudicar la actividad política de una diputada. Y en otros supuestos no siempre se puede saber porque los casos de lawfare se conocen a posteriori, cuando aparecen pruebas, evidencias y datos. Mi impresión es que no hay una posición generalizada de lawfare en la judicatura para interferir en la vida política. Hay casos que pueden ser puntuales y concretos en determinados supuestos y la manera de evitar que se pueda producir es que el Poder Judicial tenga unos controles adecuados. El Poder Judicial tiene que ser cuestionado, tiene que ser criticado y tiene que ser vigilado dentro del ordenamiento jurídico. Si no tiene contrapesos, el Poder Judicial también puede actuar de forma abusiva.
“Los tribunales superiores están configurados en contextos de fuertes injerencias partidistas y eso dificulta una apariencia de imparcialidad”
¿Y cómo se consigue?
Para que eso sea posible y no haya lawfare, lo que es fundamental es que el mecanismo principal de control funcione. Y en el caso de los jueces es la actuación de los tribunales superiores. Quien controla a los jueces son los tribunales superiores. El problema es que en el Estado español los tribunales superiores están configurados en contextos de fuertes injerencias partidistas y eso dificulta una apariencia de imparcialidad que pueda combatir adecuadamente lawfare. Para decirlo claro: si un juez quiere practicar el lawfare y quiere perjudicar a un partido político con una serie de acciones o beneficiar a otros y cree que desde arriba no le pasará nada porque no están los controles que necesita el Poder Judicial, será más probable que se produzcan casos de lawfare. Si desde arriba, los órganos superiores tienen una clara apariencia de imparcialidad y actúan expeditivamente contra los jueces que abusan de su poder, será más difícil que haya lawfare.
“Es muy difícil que prospere una querella por prevaricación contra Pablo Llarena”
¿Por ejemplo, en el caso de la amnistía, cree que ha habido jueces, como Pablo Llarena, que se han extralimitado a la hora de interpretar y aplicar la ley?
Yo no creo que Pablo Llarena y otros jueces del Tribunal Supremo se hayan extralimitado. Pienso que han actuado en el ámbito de las competencias que le corresponden, que es interpretar una ley que ha sido aprobada y ajustarla al caso concreto. A partir de aquí, mi opinión personal es que jurídicamente se trata de decisiones cuestionables porque, por ejemplo, en el caso de la malversación, la letra de la ley me parece que especifica que la medida de gracia se tiene que aplicar a aquellos que no se hayan enriquecido personalmente en todo lo que pasó durante el procés. Estoy en desacuerdo con la interpretación que hace. Mi opinión es que el Tribunal Constitucional es muy probable que acabe rectificando la visión del Tribunal Supremo. Pero eso no quiere decir que haya una extralimitación ni ahora del Tribunal Supremo ni después del Tribunal Constitucional.
Junts reclama desde hace meses que la Fiscalía presente una querella por prevaricación contra el juez Llarena argumentando que no está aplicando la ley de amnistía. ¿Qué le parece?
No entiendo por qué necesariamente tiene que presentar la querella la Fiscalía cuando Junts directamente puede presentarla. Si se considera que un magistrado ha prevaricado, el perjudicado puede ejercer acciones. Lo que pasa es que en un caso como este es muy difícil que pueda prosperar una querella por prevaricación porque es un tipo de delito que lo que castiga es dictar una resolución judicial arbitraria y contraria a derecho con conocimiento que se está actuando en contra del ordenamiento jurídico. La ley de amnistía es una ley democrática e interpretable: Pablo Llarena y el Supremo han hecho una interpretación y lo han explicado. Otra cosa es que sea discutible, y dentro del Supremo tampoco hay unanimidad. Que haya diferencias o que se esté en desacuerdo con una interpretación judicial no quiere decir que la resolución sea prevaricadora.
“Cargos policiales de la dictadura han sido premiados en democracia”
¿Cree que la ley se habría podido redactar de una forma diferente para garantizar que el Supremo amnistiara la malversación del 1 de octubre o siempre hay un margen que lo deja a opinión del juez?
Mi impresión es que la ley de amnistía es una ley técnicamente muy bien trabajada que regula de una manera justificada supuestos sobre los que quiere aplicarse y eso queda demostrado con las valoraciones que hace la Comisión de Venecia del Consejo de la Europa sobre los principios esenciales de la amnistía. La ley sí que hace un esfuerzo al delimitar toda una serie de supuestos de personas afectadas y lo hace en términos adecuados desde la finalidad que busca. Eso no quiere decir que no pueda ser interpretable. De hecho, hay tribunales catalanes que no han interpretado la amnistía en el caso de la malversación igual que el Supremo, lo cual demuestra puede haber controversias jurídicas.
En el libro, afirma que “el marco de los tribunales aporta focos luminosos de atención que amplifican sensiblemente la repercusión de los ataques políticos”. ¿Cree que el caso de Begoña Gómez es un ejemplo de eso?
Cuando se habla de lawfare, se interpreta el término como “guerra de los jueces”, cuando en el original en inglés no quiere decir eso: lawfare es “guerra legal” o “guerra jurídica” y seguramente la traducción más ajustada sería “guerra en los tribunales”. El lawfare implica trasladar la batalla política de las instituciones democráticas a la trinchera de los tribunales porque cualquier iniciativa jurídica amplifica la resonancia de los medios de comunicación. Por eso digo que para que haya lawfare no es necesario que actúen los jueces indebidamente. Un magistrado puede correctamente incoar un procedimiento penal con una acción que es muy difícil que pueda acabar prosperando y que el juez esté obligado a abrir un proceso penal. La querella puede estar articulada de una forma que provoque réditos políticos a quien la presenta, pero eso no quiere decir que los tribunales actúan indebidamente. En el caso de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho en dos ocasiones que había los suficientes motivos para iniciar una investigación penal, no dice ni que el tema tenga que ir a juicio ni que se tenga que dictar una sentencia condenatoria, sino que es obligatorio abrir una investigación penal.
Por lo tanto, entiendo que no considera que el juez Juan Carlos Peinado se haya dejado “instrumentalizar”, que es una palabra que usted utiliza en el libro, por la querella de Manos Limpias.
Yo estoy de acuerdo con las dos resoluciones de la Audiencia de Madrid, que han rectificado decisiones del juez instructor y dicen que una causa no puede ser prospectiva: no se puede investigar toda la vida y actuaciones de una persona de manera indeterminada para intentar encontrar algún tipo de delito. Y había una línea de la investigación que podían tener carácter prospectivo, como las que eran referentes al rescate de Globalia y de Air Europa, donde no había una base fáctica suficiente y era inverosímil que Begoña Gómez hubiera ejercido su influencia para rescatar a una compañera aérea. Eso dice la Audiencia Provincial y yo estoy completamente de acuerdo. En cambio, sobre los otros elementos, sí que había una base objetiva para que se pueda iniciar una investigación para descartar o confirmar si se ha podido producir un delito.
¿Y qué piensa de la querella que presentó a la Abogacía General del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado?
Yo diría que la citación a Pedro Sánchez de manera presencial para declarar en la Moncloa tenía elementos jurídicamente discutibles porque la ley marca que, en estos supuestos, cuando es una intervención sobre hechos conocidos en el ejercicio del cargo, las respuestas tienen que ser por escrito. Y por eso la decisión del juez instructor podía ser objetable jurídicamente. Pero eso no quiere decir que sea una resolución prevaricadora, que implica coger una resolución abiertamente contraria al ordenamiento jurídico sin ninguna justificación. En este caso, veo muy difícil que puedan prosperar acciones por prevaricación.
Cambiamos de tema. ¿Por qué cree que al PSOE le cuesta tanto reformar el CNI o modificar la Ley de Secretos Oficiales?
Yo imagino que en la historia de nuestro país, sobre todo en la parte fundacional del sistema democrático, pasaron cosas que tienen mucha relevancia, que no sabemos y que desconocemos si algún día las sabremos. Hay aspectos de la Transición, entre ellos la posible intervención de los servicios secretos el 23-F, que aportarían mucha luz sobre los primeros años de democracia y las bases sobre las que hemos edificado nuestro sistema institucional. Yo creo que sería importante que todo eso se conociera, pero probablemente desvirtuaría muchas de las verdades oficiales que hemos estado escuchando durante décadas, y tal vez no hay valentía suficiente para un ejercicio necesario de transparencia y de revelar todo lo que pasó en determinados contextos históricos.
“Somos un país con poca cultura cívica democrática en materia de contrapesos”
¿Qué le parece la comisión de investigación que está en marcha en el Congreso para “saber la verdad” sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017?
En líneas generales, todo lo que sea investigar a mí me parece positivo. A mí me gusta que las instituciones sean transparentes, den explicaciones y rindan cuentas. Y si hay aspectos que tienen elementos para aclarar, a nadie le tendría que molestar que quiénes tenga conocimiento sobre hechos que generan dudas y que requieren versiones contrastadas, lo expliquen. Eso siempre será positivo.
En el libro hace un llamamiento a “asegurar que el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado o el Defensor del Pueblo puedan actuar como “verdaderas instituciones de contrapeso”. ¿Con Pedro Sánchez, tiene la sensación que eso se ha debilitado y que actúan con “sospechas de parcialidad”?
Yo no veo grandes diferencias entre la gestión de Pedro Sánchez y la de Mariano Rajoy o de los gobiernos anteriores. Somos un país con poca cultura cívica democrática en materia de contrapesos. Seguramente porque en los dos últimos siglos, no ha habido muchas etapas democráticas. El problema del Estado español es que las fuerzas políticas principales se han repartido desde hace décadas por cuotas los órganos de contrapeso y de supervisión. Me parece criticable lo que se está haciendo ahora y lo que se hacía antes. Pero, al mismo tiempo, difícilmente puedes acusar al actual gobierno de colonizar en solitario las instituciones cuando se están colonizando de mutuo acuerdo con el principal partido de la oposición.
El juez Santiago Pedraz está investigando, entre otros, a Francisco Martínez y Eugenio Pino a raíz de una querella de Podemos por el uso de las cloacas del Estado contra Podemos. ¿Cree que esta puede ser una causa que permita investigar a fondo el uso que hacía el PP de las instituciones para espiar rivales políticos?
Últimamente, he estado analizando la historia reciente de la policía política en el estado español. Y a mí me impresiona como algunos de los principales cargos policiales de la brigada política del final del franquismo no solo continuaron en el sistema democrático, sino que han estado ocupando cargos relevantes de designación política. Estamos hablando de cargos de la dictadura, que después han sido premiados en democracia por varios partidos que se han alternado en el Gobierno. Y eso hay que relacionarlo necesariamente con determinadas actuaciones que pueden ser contrarias a los principios democráticos. Si los jueces tenemos que estar controlados, cuestionados y vigilados para que no abusemos de nuestro poder, en el ámbito policial se tiene que decir exactamente lo mismo.
“El anterior CGPJ actuó a menudo como una correa de transmisión del PP”
¿Cómo valora el acuerdo al que llegaron el PP y el PSOE en junio para renovar el CGPJ? En el libro habla de un “reparto de cuotas cada vez más indecoroso”.
A mí me parece positivo que por fin se renovara el CGPJ porque era una situación vergonzosa. A partir de aquí, se han seguido las mismas dinámicas habituales de reparto por cuotas.
Uno de los motivos por los que el CGPJ ha estado en el orden del día los últimos meses ha sido por la reacción a las críticas de políticos a jueces. ¿Usted cree que el CGPJ se ha excedido a la hora de reprobar declaraciones de políticos y que los políticos tienen que poder criticar libremente la actuación de los jueces?
Yo pienso que el anterior Consejo General del Poder Judicial actuó a menudo como una correa de transmisión del partido que estaba a la oposición e hizo declaraciones selectivas protegiendo jueces en determinados contextos mientras no se daba protección adecuada a otros jueces que eran atacados por juzgar la corrupción en casos como la Gürtel. Para mí, generaba poca credibilidad institucional. Yo estoy de acuerdo que se tiene que proteger la independencia judicial y que los miembros de un gobierno tienen que ser especialmente prudentes institucionalmente a la hora de criticar las resoluciones judiciales. La ciudadanía puede criticar a los jueces y los periodistas pueden criticar a los jueces. Los miembros del Gobierno tienen que ser más cautelosos, pero lo que no puede ser es que el órgano de gobierno de la judicatura tenga una actuación tan selectiva.