El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha cargado contra los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que este miércoles han solicitado la celebración de un pleno extraordinario para mostrar su "rechazo" a una eventual ley de amnistía. "El CGPJ no tiene competencias para pronunciarse sobre una proposición de ley", ha apuntado, a la vez que ha advertido que, haciéndolo, el órgano de gobierno de los jueces "se salta la Constitución". "Los que más invocan el estado de derecho, son los primeros en saltárselo", ha remachado en un tuit.
Los ocho magistrados y juristas han lamentado en un comunicado que la aprobación de una ley de amnistía supondría la "degradación" e incluso "abolición" de "el estado de derecho en España", que consideran que se convertirá en una "mera proclama formal". En la solicitud, estos consejeros, que representan la mitad de los miembros del CGPJ y que fueron nombrados a propuesta del Partido Popular (PP), recuerdan que entre sus funciones está "defender la Constitución", que consideran que se vería vulnerada con la amnistía.
En este sentido, Urías ha recordado que el mandato de los vocales del CGPJ lleva caducado desde 2018 por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, hecho que considera que quita autoridad al pronunciamiento de los ocho vocales. "Solo son ocho sinvergüenzas con el mandato caducado desde hace 5 años", ha lanzado.
La crítica de los ocho vocales conservadores
Los ocho vocales explican en la solicitud que la defensa del presidente español en funciones, Pedro Sánchez, de una ley de amnistía, es lo que los ha empujado a hacer la solicitud del pleno extraordinario. Los magistrados critican que la futura norma se tramite como proposición de ley, ya que así no se tendrá que consultar el CGPJ para aprobarla.
Aunque el redactado de la ley todavía no se ha hecho, los magistrados rechazan "cualquier justificación formal que se quiera dar en el preámbulo", porque aseguran que Sánchez ya dejó clara la "motivación real": impedir un gobierno de derechas. En este sentido, el sector conservador del CGPJ reprocha al presidente español que confunda su propio interés de continuar al frente del Ejecutivo con "el interés de España", en referencia a la expresión que el mismo Sánchez utilizó para defender la idoneidad de la amnistía como una forma de evitar el gobierno del PP y Vox. "No es compatible con el principio de estado de derecho que los responsables políticos queden exentos de responder por sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas", argumentan.