El profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, ha vuelto a cargar contra el Tribunal Supremo por mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont por malversación. El exletrado del Tribunal Constitucional ha lamentado que el auto del Supremo supone "el final de la amnistía". A través de una publicación en X, ha asegurado que después de meses de debates, el Supremo ha considerado que la amnistía no se aplicará a España y ha apuntado que lo más "terrible" es que el bloqueo judicial no obedece a razones jurídicas. Urías ha denunciado que el alto tribunal "se inventa sin necesidad de ninguna prueba" que en caso de no haber pagado con dinero público "la promoción del referéndum" los líderes independentistas lo habrían pagado "de su bolsillo". Y, por lo tanto, ha señalado que "de esta presunción inventada deduce que ahorraron, y, por lo tanto, se han enriquecido".
"Argumentos infantiles" del Supremo
Joaquin Urías ha apuntado que según el Supremo, una posible independencia de Catalunya "disminuiría los ingresos de la Unión Europea" y, por lo tanto, deducen que lo que hicieron los líderes del procés afecta a los intereses de la Unión Europea, y que entonces no es amnistiable. Urías ha denunciado que los argumentos del Supremo "son infantiles. Impropios de ningún jurista". Urías ha afirmado que no cree que el juez Manuel Marchena "sea tan mal jurista", así pues, permite "deducir que el auto no responde a razones jurídicas". Con todo, ha concluido que no se llegará a aplicar nunca la amnistía porque "estos jueces no respetan la voluntad popular, hecha ley y actúan como políticos".
Portazo del Supremo
El Tribunal Supremo desobedece la ley de amnistía y ha declarado no amnistiable el delito de malversación, y, por lo tanto, deja fuera del ámbito de aplicación de la ley a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Además, también mantiene las órdenes de detención en el Estado contra Puigdemont, Comín y Puig. Por otra parte, el juez Pablo Llarena considera que Marta Rovira sí entra en el marco de la amnistía y deja sin efecto su orden de detención, y no archiva la inhabilitación de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa hasta el 2030 y 2031.
Llarena concluye que los comportamientos de Puigdemont y los dos exconsellers "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan hecho con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten los intereses financieros de la Unión Europea". En este sentido, apunta que "fueron ellos los que concibieron el plan para conseguir la independencia de Catalunya y adoptaron un acuerdo de gobierno para asumir determinadas facturas desde sus departamentos. Consiguientemente, los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un carácter patrimonial marcado".
Carles Puigdemont definió de forma irónica la actuación del Supremo comparándolo con la mafia. En una breve publicación en X afirmó "La Toga Nostra". Por su parte, su abogado, Gonzalo Boye, ha comparado la situación a España con la de Albania de los años 80, cuando este país estaba sometido a una dictadura comunista bajo el mandato del dictador Enver Halil Hoxha. Boye ha recordado que Albania estaba aislada, como le pasa ahora a España, ya que "las órdenes del juez Pablo Llarena solo tienen valor en España, que se ha encapsulado. El Tribunal Supremo ha retirado de facto España de la Unión Europea". Por esta razón, ha asegurado que los autos del Supremo no son serios jurídicamente.