El exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias ha reaccionado este martes a la injerencia del alto tribunal a los procedimientos democráticos del Congreso de los Diputados que se consumó ayer por la noche. Lo ha hecho en un hilo de Twitter, en el cual ha tildado la admisión de las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para detener la reforma del Código Penal de "atentado contra el estado de derecho" español. En este mismo sentido, ha expresado que la decisión se ha tomado de manera "ilegal e ilegítima", y que solo obedece a "intereses partidistas". Delante de eso, sin embargo, Urias no se ha mostrado pesimista, y ha hecho un llamamiento a actuar con "firmeza" y "serenidad" ante las provocaciones de la derecha española, la cual asegura que "está deseando acusar al Gobierno de dar un golpe". Es por eso que el profesor de Derecho Constitucional ha recomendado volver a presentar la enmienda vetada, que quería modificar las normas que gobiernan el Poder Judicial, como proposición de ley para esquivar el bloqueo.
"Atropello partidista y abuso judicial"
En el hilo de tuits, Joaquín Urias ha rechazado la vía de la desobediencia al Constitucional porque, según su opinión, eso solo daría a la derecha lo que buscan: "Hay que evitar caer en la provocación de la derecha que está deseando acusar el Gobierno de dar un golpe", ha afirmado. Por el contrario, y a pesar de lamentar el "atropello partidista y judicial" de este lunes, Urias ha apuntado cuál tiene que ser la respuesta al veto: "Volver a presentar la enmienda como proposición de ley y demostrar que 6 jueces corruptos no frenarán la democracia". Se trata de un movimiento que Más País, el partido liderado por Íñigo Errejón, ya hizo ayer, poco antes de medianoche, después de hacerse pública la admisión de las medidas cautelarísimas.
Más País registra una proposición de ley en el Congreso
Más País ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional (TC). La proposición de ley permite al Ejecutivo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designar miembros del órgano de manera separada si, pasados tres meses desde la renovación, no se han ejercido los relevos. En el texto, se plantea suprimir la atribución actual del Tribunal Constitucional, que los permite ejercer un control adicional sobre los miembros designados por los órganos competentes, dado que esta supervisión tiene "poca utilidad", ya que estos perfiles son evaluados por los órganos que las designan y se refuerza el control conferido a cada institución proponente. Así, el principal cambio planteado por Más País es introducir la posibilidad de que el gobierno central y el Poder Judicial puedan renovar el tribunal de garantías de manera descompasada, pasados tres meses desde la fecha en la cual tendría que haberse producido el relevo de sus miembros.