El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, ha valorado este martes en el Tot es mou de Tv3 la decisión de la Fiscalía de pedir al juez Pablo Llarena que el president Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sean procesados por desórdenes públicos y malversación agravados. El jurista se ha mostrado convencido que el magistrado del Tribunal Supremo no incluirá los desórdenes públicos agravados en la actualización del procesamiento por la entrada en vigor de la reforma penal, sencillamente porque es un delito "que no existía el 1 de Octubre" y, por lo tanto, se trataría de una retroactividad que "está prohibida por la Constitución". Urías ha insistido en que aceptar los argumentos de los fiscales hacia este delito sería una violación de un principio de derecho tan flagrante, que "ni siquiera Llarena se atrevería" a hacer, a pesar de todo lo que se ha visto desde el juicio al procés.
Urías cuestiona la lectura de la malversación de Llarena
Con respecto al otro delito que tiene que sustituir la derogación de la sedición, la malversación agravada, el profesor Joaquín Urías opina que Llarena ha hecho en su auto una lectura de la ley que obvia lo que el Gobierno pretendía reformar y nos retorna a "la que teníamos antes". En este sentido, ha cuestionado que el juez vea "ánimo de lucro" en el referéndum del 1-O-- es decir, el elemento necesario para que el delito sea agravado-- porque su único argumento es que utilizaron el dinero para financiar sus ideas políticas-- es a decir, el referéndum. Urías ha calificado esta decisión de "disparate, porque un político siempre actúa conforme su criterio político" y, por esta regla de tres, siempre que se investigue un caso de malversación se considerará que es agravada, cosa que no tiene sentido y deja sin efecto la reforma del delito.
Junqueras no irá a las elecciones y Puigdemont será extraditado este año
Por otra parte, Urías ha reconocido que si bien "tendría que ser imposible que las condenas acaben siendo peores" después de una reforma penal, cree que Oriol Junqueras no se podrá presentar a las próximas elecciones porque Llarena no le recortará la inhabilitación al procesarlo por malversación, tal como esperaba ERC con su pacto con los socialistas. En cuanto al president Puigdemont, el profesor de Derecho Constitucional considera que la reforma del Código Penal lo pone en "una situación jurídica peor, porque España pedirá la extradición por malversación" en vez de sedición, como hasta ahora. De esta manera, cuando se reactiven las euroórdenes, la justicia española tiene muchas más posibilidades que los tribunales de Bélgica los entreguen Puigdemont, porque "es un delito contra los fondos públicos" y "no entenderán que sea un delito político", como ha alegado la defensa de los exiliados. "Ahora es más fácil que extraditen a Puigdemont ahora que antes de la reforma", ha insistido Urías. Más concretamente, ha calculado que lo podrían entregar "en menos de un año", y que las órdenes de detención europeas se activen "en plena campaña de las elecciones municipales".