Cinco meses después de que estallara el CatalanGate con el listado de 65 nombres de personas del entorno del independentismo que habían sido espiadas con el software Pegasus y después de que el CNI haya reconocido haberlo utilizado solamente contra una veintena de dispositivos, Jordi Cuixart ha pedido ante las Naciones Unidas que haya una intervención internacional en el caso del espionaje masivo, delante de lo que ha descrito como "inacción" del Estado. En su intervención, el expresidente de Òmnium Cultural y actual presidente de Òmnium Civil Rights Europe, Jordi Cuixart, ha recomendado que "las organizaciones internacionales insten España a llevar a cabo una investigación inmediata e imparcial, a sancionar a los autores, a asegurarse que eso no se repita y que las víctimas puedan tener acceso a una reparación efectiva".
España no colabora en la investigación europea
Según trascendió el pasado miércoles, España es el único país entre los miembros de la UE sospechosos de utilizar el polémico programaría que todavía no ha respondido a las preguntas de Bruselas. Tanto Grecia como Hungría y Polonia ya han respondido a la solicitud que la Comisión Europea los hizo para pedir información sobre el uso de este software para llevar a cabo escuchas ilegales, pero España todavía no, tal como ha admitido el Ejecutivo europeo por escrito en la respuesta a una pregunta formulada por la comisión que investiga el ciberespionaje.
Por eso, Cuixart se ha dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos en funciones, Nada Al-Nashif, con el objetivo de reclamar acciones en el que ha recordado que es el caso documentado más grande del mundo de espionaje con Pegasus. Según ha asegurado, se trata de un caso que constituye "una injerencia muy grave" en el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al debido proceso y a un juicio justo, y que además tiene "un fuerte efecto disuasivo", descubierto a raíz de la investigación de CitizenLab, una prestigiosa empresa tecnológica.
Durante su intervención, Cuixart ha subrayado que el vínculo que tienen los espiados es "su defensa del derecho a la autodeterminación" y ha dicho que Citizen Lab considera que "numerosas pruebas circunstanciales señalan el Gobierno como autor material". Cuixart no forma parte de la lista de 65 espiados, pero sí que está, por ejemplo, Marcel Mauri, su vicepresidente de Òmnium, también cuando fue encarcelado. "España ignora las recomendaciones de la ONU espiando a la oposición política, a periodistas, a entidades de la sociedad civil e incluso a abogados, a través de procedimientos judiciales poco claros, o incluso sin ningún tipo de autorización", ha añadido.