En medio de los intentos por conseguir que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea y en el marco de los recientes gestos del PSOE hacia Junts, este jueves se ha vuelto a utilizar la lengua catalana en una reunión del Consejo de la Unión Europea. Ha sido el ministro de Turismo e Industria del Gobierno, Jordi Hereu, quien en su turno de palabra durante el consejo de Competitividad que ha tenido lugar en Bruselas, ha hablado en catalán. La primera y última persona al hacerlo había sido el president José Montilla, cuando también era ministro de Industria en el 2005 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Hoy utilizaré el catalán, mi lengua materna," ha avisado Heredero en inglés en el resto de ministros. El 13 de diciembre del 2023, Hereu se convirtió en el primer ministro de un ejecutivo español al utilizar el catalán en sesión parlamentaria, dos meses después de que se hiciera la primera intervención al Congreso en la lengua propia.

¿Cómo puede ser que Hereu haya utilizado el catalán si esta no es una lengua oficial de la UE en esta reunión? Según informa la ACN, justo al inicio de un nuevo semestre político, la representación española tiene que haber enviado a la secretaria general del Consejo de la UE una lista indicativa de los encuentros en qué se tiene la intención de utilizar una lengua diferente del castellano. Concretamente, tiene que notificarlo con al menos siete semanas de antelación de una intervención ministerial concreta pero garantizar que pueda haber un intérprete y los costes de esta petición van a cargo del Estado que lo solicite. Entonces, el Consejo lo tendrá que confirmar con, como mínimo 14 días de margen. Por lo tanto, no se trata de un gesto improvisado, sino todo el contrario, tiene que estar planeado. Aparte de Hereu, hay otros ministros catalanohablantes que podrían utilizar su lengua, como el catalán Ernest Urtasun, titular de Cultura, y la valenciana Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.

Posicionamiento del Comité de Expertos sobre el 25% de catalán

Por otra parte, esta misma semana, el Comité de Expertos del Consejo de Europa ha posicionado en un estudio en contra de las sentencias judiciales que obligan a un mínimo del 25% de las clases en castellano en las escuelas de Catalunya. El órgano europeo para la promoción de la democracia y los derechos humanos considera que esta imposición judicial infringe los compromisos que España ha suscrito para proteger las lenguas como país firmante de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En su informe de evaluación de España sobre la mencionada carta, los expertos de este organismo se muestran "profundamente preocupados" por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a causa de las "incertidumbres" que han creado sobre el uso de una lengua o la otra como vehicular en la educación catalana.