Jordi Pujol Ferrusola ha pedido a la Audiencia Nacional que le aplique el incremento del salario mínimo, según ha adelantado Europa Press este martes. Concretamente, el primogénito del expresident de la Generalitat ha solicitado al juez que investiga el origen del patrimonio familiar que le permita disponer en su cuenta de 1.260 euros al mes —ante los 1.167,66 euros que podía retirar hasta ahora. Su defensa ha recordado al juez Santiago Pedraz que en marzo del 2022 ya desbloqueó una de sus cuentas para poder cobrar el salario mínimo, con el objetivo de hacer frente a gastos familiares. Asimismo, también se vio obligado a desbloquear una cuenta para que pagara el impuesto de vehículos (como ya se le permitió con el IBI).
Con su patrimonio bloqueado desde hace ocho años por la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, Pujol Ferrusola ahora quiere que se actualice el importe que puede retirar en virtud del incremento aprobado recientemente por el Gobierno. "Al haberse actualizado —conforme al Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero— el salario mínimo interprofesional para el año 2023, mediante el presente escrito interesamos que por el Juzgado se acuerde ordenar a CaixaBank S. A. que la cantidad mensual a desbloquear a favor del señor Pujol sea de 1.260 euros", ha indicado el letrado Cristóbal Martell. En un auto firmado este lunes, el juez Pedraz ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie y que emita un informe sobre la petición.
Apoyo económico de los familiares
Durante la instrucción, Pujol Ferrusola ha incidido en el hecho de que en 2015 el juzgado le impuso como medida cautelar "la fiscalización de su vida económica, incluso en sus ámbitos prosaicos, tales como devengo y pagos de impuestos municipales". En consecuencia, ha asegurado que "ha tenido que contar con el apoyo económico directo y desinteresado de sus familiares más próximos para afrontar los gastos ordinarios del día a día".
Hay que recordar que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 abrió juicio oral contra el expresidente de la Generalitat y sus siete hijos, incluido Jordi Pujol Ferrusola, para formar parte de una presunta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente y 29 para su primogénito por presuntos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales contra la hacienda pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.