Aprobado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha permitido el desbloqueo parcial de las cuentas a Jordi Pujol Ferrusola para que disponga mensualmente del equivalente al salario mínimo interprofesional, que ahora está situado en los 1.000 euros. La medida fue pedida por Pujol Ferrusola, el noviembre pasado, para poder hacer frente a los gastos básicos y familiares. La fiscalía no se ha opuesto y este lunes el titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid lo ha permitido. El hijo mayor del presidente de la Generalitat tiene las cuentas bloqueadas porque junto con toda la familia fue procesado por esconder patrimonio en Andorra. La fiscalía Anticorrupción pide la pena más elevada para él: 29 años de prisión, además tuvo que depositar una fianza de 7,5 millones de euros.
En esta petición de Pujol Ferrusola, la fiscal Belen Suàrez no se ha opuesto haciendo referencia a la jurisprudencia existente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que, a grandes rasgos, expone que toda persona procesada y con los bienes y patrimonio intervenidos para asumir posibles responsabilidades civiles se le tiene que permitir cubrir las necesidades básicas de cualquier familia. En la resolución, del 21 de marzo, el juez Pedraz expone que Pujol Ferrusola tiene dos cuentas en Caixabank, con 1,3 millones de euros en una, y 653.341 euros ens la otra, y ordena a la entidad bancaria que le permita cobrar solo el salario mínimo interprofesional.
Penas
El caso de la familia Pujol Ferrusola está pendiente de juicio. La fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 8 a 29 años de prisión, al presidente Pujol y a sus siete hijos, mientras su mujer, Marta Ferrusola, quedó excluida por motivos de salud. Anticorrupción pide 29 años de prisión a Jordi Pujol Ferrusola por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública en cinco ejercicios (del 2007 al 2012) y frustración de ejecución. También pide penas de multa. En su auto de apertura de juicio oral, el juez requirió a Jordi Pujol Ferrusola para que en el plazo de diez días depositara 7,6 millones de euros y a su exesposa, Mercè Gironès, 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en el juicio. Gironès también pidió poder acceder parcialmente a sus cuentas, y se le aprobó.
Aparte, el febrero pasado, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dio la razón a Jordi y Josep Pujol Ferrusola y a Francesc Robert Ribes y denegó las nuevas comisiones rogatorias a Andorra y a Dinamarca, aprobadas por el juez instructor el enero pasado, aunque la investigación de la causa contra la familia Pujol Ferrusola fuese cerrada el verano pasado. La defensa de la familia Pujol, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, afirmaba que esta medida "no tiene cobertura legal", ya que la instrucción de la causa contra la familia Pujol Ferrusola se cerró hace tiempo; ya se han presentado los escritos de acusación y defensa, y la causa es ahora en manos del tribunal que los juzgará, no del juez instructor. Además, sostenía que con esta medida "se vulnera el derecho de defensa" del presidente Pujol y sus siete hijos. Y, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional suscribió el razonamiento de la defensa y sostuvo que el juez Pedraz "es incompetente para seguir la investigación", ya que él mismo la cerró en dos resoluciones del verano del 2020 y de junio de 2021. También reñía a la fiscalía y le recordaba que en este momento procesal "no tiene legitimación para instar" a hacer nuevas pruebas, aunque puede pedir incorporar documentación nueva al tribunal que juzgará a la familia Pujol Ferrusola. La fecha todavía está pendiente.