El expresidente de la ANC Jordi Sànchez, condenado a 9 años de prisión e inhabilitación por el Tribunal Supremo a raíz de su participación en el procés independentista, ha presentado esta mañana una demanda contra el reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sànchez, que pasó tres años y ocho meses en la prisión hasta que el Consejo de Ministros aprobó un indulto parcial el pasado mes de junio, denuncia al Estado español "por lo que ha sido un continuo de vulneraciones de derechos fundamentales".

"Lo que espero es que el Reino de España reciba un correctivo inequívoco por parte de la máxima instancia europea en el ámbito de los derechos humanos", ha explicado Sànchez, que ha anunciado la demanda coincidiendo con el día en qué se cumplen cuatro años de las multitudinarias protestas en la Rambla Catalunya de Barcelona contra los registros policiales en la sede de la conselleria de Economia el 20 de septiembre del 2017. Su participación en aquel episodio resultó clave para la acusación por sedición contra él y contra el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

La lluvia ha jugado una jugada a los organizadores del acto, que habían instalado unas carpas de la ANC ante la antigua sede de la conselleria de Economía donde hace cuatro años se registró la concentración. Después de media hora de espera hasta constatar que el aguacero que caía a media tarde en Barcelona no tenía intención de amainar, el acto se ha trasladado a un hotel de la Rambla Catalunya.

Sànchez ha comparecido acompañado de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ha subrayado que los derechos que se han vulnerado afectan a la libertad de expresión y la libertad de reunión. El expresidente de la ANC ha denunciado también persecución ideológica y se ha referido de manera particular a la denuncia contra el juez instructor, Pablo Llarena, por falta de imparcialidad. La demanda incluye la vulneración del derecho en el tribunal preestablecido.

 

"Han actuado contra mi persona y contra el resto de dirigentes sociales y políticos conscientes de que estaban actuando en contra de elementos básicos de derechos humanos", ha asegurado.

El expresidente de la ANC ha admitido que no tiene expectativa que se le restituya personalmente muchas cosas, porque no recuperará los tres años de prisión que ha tenido que sufrir, pero ha mostrado la confianza en que "nunca más ningún ciudadano de Catalunya tenga la inseguridad, la incertidumbre de que ejercer el derecho de reunión, libertad de expresión y libertad ideológica puede ser motivo de una condena penal"

Sànchez, que ha mostrado la confianza en que el Tribunal de Derechos Humanos le dé la razón y que "lo haga pronto", ha denunciado que tras los registros de la sede de Economía con episodios como las armas que quedaron dentro de los vehículos "se intentó preparar una trampa para provocar violencia que hacer descarrilar el 1-O".

La denuncia recoge el pronunciamiento de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa en que reclamaba la puesta en libertad de los presos y la reforma del delito de sedición. En este punto, Sànchez ha advertido que el indulto tenía una intención muy clara de desacelerar el pronunciamiento del Consejo de Europa.

 

En la imagen principal, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el actual presidente de la entidad, Elisenda Paluzie / Sergi Alcàzar