La defensa de Jordi Sànchez (JxCat) ha confirmado que este lunes a las 8.00 horas presentará una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo para pedir su puesta en libertad para acudir al pleno de investidura.

Según ha informado la defensa, que ejerce el abogado Jordi Pina, lo presentarán al amparo del artículo 39 del Reglamento del Tribunal el lunes, puesto que este viernes no han podido hacerlo al notificarles tarde la resolución del Tribunal Supremo rechazando la excarcelación, después de cerrar la oficina del TEDH.

Desde la defensa han querido dejar constancia de que la resolución del TS en la que se denegaba el permiso para asistir al pleno al candidato Jordi Sánchez, no les ha sido notificada hasta las 16.35 horas "una vez el TEDH se encontraba ya cerrado".

Las citadas fuentes aseguran que el hecho de que se les haya dado traslado formal de la decisión "tan tarde" no es casual y que dificulta que hayan podido recurrir al alto tribunal europeo para pedir este mismo viernes unas medidas cautelarísimas para que Sànchez asistiera a la investidura.

Se da la circunstancia de que la oficina de tramitación de demandas del TEDH está operativa de lunes a viernes de 8 a 16 horas, por lo que hasta el próximo lunes no pueden presentar el recurso, el mismo día en que está fijado el pleno de investidura.

Reiteración delictiva

El magistrado Pablo Llarena ha basado su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en el ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente".

Entre otros argumentos, el juez resalta que una conducción vigilada de Sànchez al Parlament no aporta la contención precisa para un traslado seguro, "menos aún en quien -como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución- ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley".

Además, cree que dejarle en libertad "no supone sino favorecer la reiteración delictiva que trata de conjurarse, visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó -precisamente- desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales del ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente".