El diputado de JxCat Jordi Sànchez mantendrá el escaño del Parlament y está dispuesto a volver a presentarse a la investidura para ser presidente de la Generalitat si así se lo pidiera su partido. Así lo ha asegurado su abogado, Jordi Pina, que estuvo con Sànchez este sábado, un día después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictara medidas cautelares e instara en España a garantizar su derecho político, como por ejemplo el de presentarse a la investidura.
En este sentido, Pina ha informado de que este mediodía su equipo de defensa ha presentado un escrito al juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena donde se le dan a conocer las resoluciones de la ONU y se le pide que Sànchez pueda salir de la prisión en caso de volver a ser propuesto como candidato.
Pina también ha asegurado que Sànchez no dejará de momento el acta de diputado, a pesar de haberse mostrado abierto a hacerlo en la declaración que hizo ante el juez Pablo Llarena el pasado martes. Este cambio de opinión respondería al hecho de que la demanda presentada en la ONU haya tenido una respuesta favorable. De hecho, su abogado lo ha considerado un "éxito".
El abogado Jordi Pina ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañado del abogado internacional Nico Krisch, quien presentó la demanda en la ONU, que ha explicado que la resolución del Comité de Derechos Humanos es vinculante porque España ha ratificado el Pacto de Derecho Político y Civiles.
En este sentido, ha explicado que, a pesar de no tener consecuencias directas, el no cumplimiento de las resoluciones del Comité de Derechos Humanos son una violación del derecho internacional y eso tiene efectos sobre la reputación de España. "Los estados que vulneran los derechos humanos se ponen en una situación vulnerable", ha concluido.
Después de la rueda de prensa ha hablado el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, de que se ha mostrado muy satisfecho por la resolución de la ONU y ha avisado de que si España no cumple con esta resolución del Comité de Derechos Humanos, eso podría ser presentado como prueba de vulneración de derechos en el caso de los políticos catalanes que están pendientes de ser extraditados en España en varios países europeos. Es decir, podría ser un aval de que España no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y un motivo para no ejecutar la extradición.