Después de que la detención del president Carles Puigdemont por parte de la policía italiana haya creado un gran impacto en el panorama político, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha acusado la justicia española de haber "engañado al Tribunal General de la Unión Eropea".
Durante su intervención en el programa Més 324, Sànchez ha asegurado que, una vez ha establecido contacto con el president, este ha afirmado que "tiene el convencimiento de que, una vez más, la justicia española ha engañado al Tribunal General de la Unión Europea y, contrariamente a lo que se había establecido, ha mantenido activadas unas euroórdenes que no tendrían que estarlo". Unas acusaciones que han sido confirmadas por fuentes del mismo Tribunal Supremo.
Precisamente por este motivo, ha compartido las expectativas de los abogados que están asistiendo a Puigdemont (un equipo italiano dirigido por Gonzalo Boye), que confían que, mañana por la mañana, "la justicia italiana acabará reconociendo esta actuación incorrecta de los tribunales españoles y prevalecerá el acuerdo del TGUE".
La red internacional, activada
A pesar de haber reconocido que "ha sido una situación de sustos y de preocupación", ha subrayado que quieren "dar a la opinión pública 2 mensajes":
Por una parte, "está todo el apoyo activado en torno a Puigdemont para que mañana pueda ir con toda la seguridad ante la justicia". Y por la otra "se ha activado toda la red internacional para poder desplegar una presión hacia las autoridades políticas y europeas para que se sepa que se está vulnerando el derecho de un eurodiputado de circular por la UE por una orden que nunca tendría que haber estado ni activa".
Es más, se ha mostrado convencido que la extradición no se producirá y que Puigdemont recuperará su libertad.
La versión del Supremo
Por su parte, tal como hemos dicho, el Tribunal Supremo asegura que la euroorden contra el president Carles Puigdemont nunca se desactivó. Fuentes del Supremo afirman que la cuestión prejudicial que planteó el juez instructor Pablo Llarena ante el Tribunal de Justícia de la UE sólo se refiere a una aclaración sobre la decisión de Bélgica de desestimar la extradición de Lluís Puig y no afecta para nada a la decisión que se pueda tomar en Italia.
No obstante, cuando el pasado mes de julio el Tribunal General de la UE volvió a levantar la inmunidad de Puigdemont lo hizo con el argumento de que no había riesgo de detención inminente del político independentista.
El TGUE niega riesgo de detención
A través de un comunicado, el vicepresidente del TGUE argumentó que no existía el requisito de urgencia que argumentaba Puigdemont en su recurso ante un riesgo de un daño grave e irreparable porque no se había demostrado que pudiera ser objeto de detención inminente.
Puigdemont había pedido medidas cautelares mientras se resolvía el recurso contra el suplicatorio aprobado por el Parlamento Europeo el mes de marzo a petición del juez instructor Pablo Llarena.
El Tribunal General argumentó específicamente que Puigdemont podía salir de Bélgica para acudir a Estrasburgo a las reuniones del Parlamento Europeo sin necesidad de dejar en suspenso el suplicatorio de la Eurocámara.
La razón es que el tribunal de Luxemburgo considera que en el momento en que se plantea una cuestión prejudicial todo el procedimiento queda parado hasta que el juez responde, y Llarena tiene pendientes cuestiones prejudiciales.