Jordi Sànchez ha pedido este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista, salir de la prisión para poder acudir este viernes al pleno de investidura del Parlament. En caso de que Llarena vuelva a decidir no dejarlo asistir al pleno, el abogado propone una posible intervención por videoconferencia, tal como ya se expuso en la ONU.
"Se solicitó (...) que a la espera de que se resolviera la demanda se adoptaran todas las medidas necesarias que permitieran al candidato Sànchez ejercer en su plenitud tales derechos políticos (Documento n.º 3), sugiriendo en tal sentido que el diputado pudiera gozar de un permiso penitenciario que le permitiera acudir al pleno de investidura a la presidencia de la Generalitat o que, en su defecto, pudiera al menos participar en el pleno por medio de videoconferencia", dice el escrito.
La defensa del expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya ha registrado este martes por la mañana un escrito pidiendo al magistrado del alto tribunal permiso para asistir a la sesión convocada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para este viernes, a las 10.00 horas.
La petición es idéntica a la que ya se presentó el 26 de marzo cuando se tenía que hacer la primera investidura. En aquella ocasión, Pablo Llarena rechazó dejarlo salir y sólo autorizó el voto delegado.
El juez Llarena ha procesado a Sànchez por los presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el marco de la causa relacionada con el proceso soberanista, y se encuentra en la prisión de Soto del Real desde el 16 de octubre del 2017.
El escrito que se ha presentado esta mañana incluye el argumento de las medidas cautelares adoptadas por la ONU que han admitido a trámite la reclamación de Sánchez y que, mientras espera las alegaciones de España, le insta a respetar los derechos políticos del candidato a la presidencia de la Generalitat.
"Esta defensa está absolutamente convencida de que el sr. Magistrado no propiciará que España incumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y políticos, lo que sería especialmente grave y preocupante tratándose de una decisión del Tribunal Supremo. En tal medida, se interesa que a la mayor brevedad posible se proceda a la adopción de las anteriores medidas o de cualquiera otra que permita al diputado Jordi Sánchez el pleno ejercicio de sus derechos políticos hasta que se resuelva su demanda contra España", dice el abogado Jordi Pina en el escrito.