Continúan las acciones legales. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha presentado una demanda de conciliación obligatoria y previa a una querella contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por un delito de calumnias. La demanda se basa en las afirmaciones que hizo el líder conservador este domingo, en las cuales acusaba al mismo dirigente independentista de incitar a la violencia y de haber destrozado un coche de la Guardia Civil durante los hechos que se produjeron ante la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre del 2017.
Así pues, en la demanda Sànchez reclama a Casado que se retracte públicamente en una rueda de prensa y en las redes sociales. Al mismo tiempo, le pide que le pague una indemnización de 24.000 euros, que se destinarán a entidades que trabajen a favor de la lengua catalana. Hace falta recordar que las afirmaciones del presidente del PP eran para criticar la querella de JxCat para incitar al odio, presentada después de las últimas declaraciones en las cuales se inventaba que en Catalunya "hay profesores con instrucciones de no soltar en el lavabo a niños porque hablan en castellano".
Las calumnias de Casado
Además, en el texto se asegura de que las afirmaciones de este domingo de Casado son "constitutivas de un delito de calumnias propagadas con publicidad, de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 205 y 206 del Código Penal". "El texto de la demanda recuerda que las declaraciones del presidente del PP contradicen los hechos declarados probados por la Sala 7 penal del Tribunal Supremo en su Sentencia n.º 459/2019, sobre los hechos relacionados con el procés de autodeterminación de Catalunya durante el 2017", añade el texto. De no acceder a la demanda de coalición, la defensa de Sànchez tiene previsto continuar con la querella.
A Casado se le junta el trabajo. JxCat ya anunció el sábado pasado que presentaba una denuncia contra el líder popular por calumnias, injurias e incitación al odio, a raíz de las declaraciones que hizo contra los docentes de la escuela catalana. Aparte de inventarse el asunto de los lavabos, Casado también aseguró que "a los hijos de policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados" o que hay a niños a quien se ha castigado "poniendo piedras en la mochila" por haber hablado en castellano en el patio de la escuela.
Demandas contra el líder del PP
Después, este martes, el Govern formalizó las acciones contra el presidente del PP, presentando una querella en el Tribunal Supremo por delitos de injurias, calumnias e incitación al odio y a la violencia. "Hay líneas rojas que no se pueden traspasar", argumentó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que acusó a Casado de mentir y atribuir a los maestros catalanes delitos de incitación al odio, de discriminar a los alumnos en función de la profesión de sus padres, de delitos contra la integridad moral y de coacciones a los menores.
El hecho es que, mientras el líder popular se inventa un mundo donde el castellano es marginado, los tribunales van arrinconando el catalán en las aulas de todo el país. La última víctima de eso ha sido una escuela de Cubelles, donde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha impuesto de nuevo el 25% de castellano.