Primeras reacciones por el caso Borràs. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha trasladado su apoyo a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para la cual la fiscalía ha pedido 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento público con el agravante de prevalecerse de su carácter público.
Turull ha expresado su disconformidad a través de las redes sociales, donde ha afirmado que "la peor forma de injusticia es la justicia simulada". Y ha manifestado que "tanta desproporción" en la petición de la fiscalía "acredita la persecución política". "Todo el apoyo y a tu lado, MHP," ha escrito.
Josep Rull también ha querido mostrar su apoyo a Borràs. En un mensaje en Twitter, ha lamentado la pena que le pide la fiscalía y ha asegurado que representa "al doble de lo que me impusieron a mí por sedición". Se sitúa en la misma línea que Turull, condenando la persecución política, y afirma así, y algunos todavía dicen que eso no tiene nada que ver con una persecución política para abatir y neutralizar a los adversarios... Fuerza, presidenta".
El diputado de JxCat, Francesc de Dalmases, ha salido a apoyar Borràs. En una piada ha asegurado que "estamos asistiendo en directo a una operación de Estado mientras escuchamos las risas grabadas de quienes las preparan y ejecutan". Además, ha defendido que espera la máxima responsabilidad "y sentido de Estado al conjunto del movimiento independentista".
La petición de la fiscalía
La fiscalía ha pedido este jueves para Laura Borràs seis años de prisión, 21 años de inhabilitación por cargo público, por los delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre los años 2013 en el 2017. Además, reclama 144.000 euros de multa para la presidenta del Parlament, por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento público, con la agravante de prevalecerse de su carácter público. Lo acusa de haber adjudicado directamente y de forma irregular a su amigo informático, Isaías Herrero, 18 contratos menores cuando ella dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) por valor de más de 300.000 euros. Al informático le pide la misma pena de prisión y de inhabilitación y la mitad de multa, 72.000 euros. También está acusado un amigo de Herrero, Andreu Puig, mientras el funcionario de la Institución Roger Espar, que declaró que actuó bajo las órdenes de Borràs, al final no es acusado. Inicialmente, el juez instructor procesó Borràs por otros dos delitos, malversación de fondos y fraude administrativo, que la fiscalía descarta.