El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido con contundencia a la noticia que un ciudadano ha pedido su indulto con respecto a la inhabilitación a cargo público que se le mantiene hasta el año 2030 porque el Tribunal Supremo no le quiere aplicar la ley de amnistía. En un mensaje en la red X, el exconseller ha pedido al desconocido solicitante, que lo ha hecho en nombre suyo, que retire esta petición y también al Ministerio de Justicia con el fin de no "blanquear" el  incumplimiento del alto tribunal español, a quien califica de  #LaTogaNostra, al aplicarle la norma del olvido penal.

En concreto, el Ministerio de Justicia ha pedido al Tribunal Supremo un informe sobre la petición de indulto de un ciudadano para Turull, además de los republicanos Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva, que presentó en julio, después de que el tribunal resolvió que no les borraría toda responsabilidad. El alto tribunal español sostiene,  en un enrevesado argumento jurídico, que los líderes políticos se enriquecieron con la malversación del 1-O por el cual los condenó el 2019, y, por lo tanto, no les puede aplicar la ley.

Reclamación al Supremo

Precisamente, Turull, a través de su abogado Jordi Pina, presentó hasta tres escritos de queja a la sala de lo penal del Tribunal Supremo  porque no se tramitaban sus recursos contra la negativa del alto tribunal. Finalmente, esta semana la letrada de la Administración de Justicia del tribunal ha enviado los escritos de todas las partes, y la sala presidida por el magistrado Manuel Marchena, no puede tardar en darles respuesta. La Fiscalía y la Abogacía del Estado también comparten que hay que aplicar la amnistía a los cuatro políticos.

Puigdemont también lo denuncia

El president  en el exilio y diputat de Junts, Carles Puigdemont, también ha denunciado, a través de su abogado Gonzalo Boye, que el juez Pablo Llarena no ha respondido a su recurso por no aplicarle la ley de amnistía, y que dejó pasar los días hasta llegar al mes de agosto, que es inhábil judicialmente si no es una causa urgente, como por ejemplo una persona en prisión preventiva.

Petición de entidades y abogados

La primera petición de indultos a los 9 presos políticos, una vez fueron condenados por sedición y malversación de fondos por el Tribunal Supremo, fueron presentadas por particulares y entidades, en lugar de sus defensas. En concreto, el abogado Francesc Jufresa fue el primero que lo presentó para todos ellos. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados a 9 años de prisión, expresaron abiertamente que no querían el indulto porque querían que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) revisara su caso, y que actualmente está pendiente. Turull tampoco respondió cuando se le requirió sobre el indulto.

Finalmente, el verano del 2021, el gobierno de Pedro Sánchez concedió el indulto a los 9 líderes políticos y sociales, que ya hacía unos tres años que estaban en la prisión. Sin embargo, les mantuvo el castigo de la inhabilitación hasta el 2030 y el 2031, que aún tienen los cuatro condenados por malversación porque el Supremo no los quiere aplicar la amnistía