La determinación del ministro de Exteriores, Josep Borrell, de dinamitar la política exterior del Govern es un hecho. El gobierno español ha puesto en marcha una ofensiva contra las delegaciones en el exterior y ha informado a las autoridades de EEUU y de cinco países europeos de que las oficinas que ha abierto en ellos están recurridas ante los tribunales españoles.
El ministerio ha hecho la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia y Francia, las primeras anunciadas por el entonces conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall.
En respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Fernando Maura, el gobierno espanyol precisa que las embajadas españolas en estos países han informado a las autoridades locales de que las oficinas están recurridas por incumplir las obligaciones que impone la Ley de Acción Exterior. También le asegura que "sigue con gran atención las actividades de dichas delegaciones".
Ernest Maragall en la reapertura de la delegació a Itàlia. Foto: ACN
Las seis oficinas fueron recurridas por un motivo formal: que no fueron comunicadas al ejecutivo español con antelación suficiente para que los Ministerios de Exteriores, Hacienda y Política Territorial emitieran los informes a los que obliga la propia ley, informes preceptivos pero no vinculantes.
El Govern comunicó las aperturas solo 24 horas antes de publicarlas en el Diari Oficial de la Generalitat. Ello motivó un rifirrafe entre Maragall y Borrell: el primero alegó que en realidad era una "reapertura" de oficinas que se habían cerrado con la aplicación del artículo 155, y el segundo respondió que, en tal caso, volvería a presentar el recurso que ya se había presentado contra ellas y que decayó con el 155.
El hecho es que el ministerio que lidera Borrell no puede impedir que el Govern abra estas oficinas, de manera que se dedica a controlar sus actividades y intentar boicotearlas.