"Es una medida inidònia y desproporcionada, que genera problemas deontológicos, profesionales y económicos." Con esta contundencia, el exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa califica la medida del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de adjudicarle un abogado de oficio para el juicio de la Mesa del Parlament, que presidía Roger Torrent, previsto para el 5, 6 y 7 de octubre, en un escrito presentado al tribunal este miércoles. Josep Costa ejerce su defensa en el caso de la Mesa (puede hacer al estar colegiado) y el TSJC acordó esta medida aduciendo que Costa puede no presentarse al juicio y provocar que se suspenda. Para Costa este argumento no tiene ningún "razonamiento jurídico" y que puede violentar su derecho a la privacidad y el secreto profesional".
El TSJC tuvo problemas para confeccionar el tribunal que juzgará por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) la segunda mesa del Parlament, después de que la sala 77 del TSJC aceptara las recusaciones de los magistrados Jesús Maria Barrientos, presidente del TSJC, y Carlos Ramos, después de que Costa denunciara su falta de imparcialidad. Finalmente, la semana pasada se constituyó el nuevo tribunal, formado por los magistrados Carlos Mir, que será el presidente y ponente, Marta Pesqueira y Francisco Segura. Ninguno de ellos forma parte de la sala de lo civil y penal del TSJC.
Las vulneraciones de derechos a Costa
En el recurso de súplica presentado al TSJC, Josep Costa expone que en la resolución de 8 de septiembre pasado, el tribunal citó que al amparo del artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordenaba hacer un oficio al Colegio de Abogados de Barcelona para que nombre a un abogado de oficio para Costa. El argumento expuesto era que si Costa no se presenta al juicio, este hecho no haga parar la vista a los otros tres acusados (Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado) y se le designa abogado de oficio para que no se alegue indefensión. El único precedente es que Costa no fue a declarar al TSJC, aduciendo que no reconoce el tribunal y la magistrada instructora Maria Eugènia Alegret lo hizo detener para que compareciera por esta causa.
Costa, pero aclara que este precepto legal también recoge que se puede continuar el juicio con ausencia de un acusado si el delito por el cual se le juzga no supera los dos años de prisión, como es el caso. La fiscalía pide inhabilitación a cargo público para los miembros de Junts y de ERC de aquella mesa, por permitir dos resoluciones de debate no ejecutivas, en el 2019. "En realidad, parece más una decisión adoptada para la conveniencia del Tribunal, no en interés de la justicia", afirma Costa.
No facilitar sus datos
Costa añade que esta resolución es una "vulneración del derecho a la libre elección de abogado reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos", ya que se le "impone un abogado ajeno al proceso en quien puede no tener ninguna confianza y que puede interferir en una defensa letrada legítimamente desplegada hasta este momento". Es una solución de "dudosa legitimidad" y "una decisión paternalista que solo puede estar justificada en casos determinados en interés de la justicia", manifiesta Costa. E insiste en que "nunca ha revelado su estrategia de defensa de cara al juicio". Por todo ello, pide al tribunal que juzgará la Mesa que deje sin efecto su decisión de adjudicarle un abogado de oficio.
Además, Costa advierte al tribunal que no puede facilitar datos personales suyos, según la protección recogida en la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo. Y que al amparo de esta Directiva, manifiesta su "oposición a todo tratamiento o transferencia de datos de este proceso penal a personas ajenas a lo mismo, y específicamente a cualquier abogado que no haya sido libremente designado", hecho que vulneraría las previsiones de dicha directiva, concluye.