El ex vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha decidido plantar al TSJC y ha anunciado por sorpresa y vía Twitter que no se presentará a la declaración prevista para este miércoles por la tarde. El anuncio lo ha hecho sólo dos horas antes de la hora en que estaba citado y justo después de la declaración del expresidente del Parlament Roger Torrent y de Adriana Delgado, exmiembro también de la Mesa, que han comparecido esta mañana.

 

Costa intentó que el TC suspendiera la causa para poder trasladarla al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero el Constitucional no ha resuelto todavía las medidas cautelares y, por lo tanto, hoy la maquinaria judicial contra parte de la Mesa de Torrent, por permitir dos debates parlamentarios de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019 a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque podían vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional, continuaba en marcha.

Torrent y Delgado se han acogido a su derecho a no declarar y sólo han respondido algunas cuestiones a sus abogados. Están acusados por desobediencia.

Hoy Costa, acusado también de desobediencia, lo volverá a hacer. Volverá a desobedecer y dejará plantada a la magistrada Maria Eugènia Alegret. No reconoce la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. "No tiene sentido dialogar con jueces y fiscales represores, que no entienden conceptos básicos como la separación de poderes", dice en su tuit y recuerda la vía europea que ha querido empezar presentando el recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

La vía europea de Costa

Josep Costa llevó la causa al Tribunal Constitucional para que la suspenda y abrir así la vía de Europa para presentar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Según el escrito presentado al TC, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, alega una "infundada persecución penal", "contaminación y falta de imparcialidad" y una vulneración de los derechos humanos, que es la que se quiere llevar a Europa. Los abogados, entre los cuales está Gonzalo Boye, reclaman como medida cautelar la suspensión de la causa que este miércoles tenía una de las partes fundamentales con la declaración de los acusados para poder trasladar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.