El exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa ha contraatacado al poder judicial y ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para parar la causa contra la Mesa del Parlament.
A menos de 48 horas para el inicio de las declaraciones al expresidente del Parlament Roger Torrent y a parte de la Mesa, Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, por haber permitido un debate sobre la monarquía. Hoy Josep Costa, uno de los acusados, acaba de hacer público que lleva la causa al Tribunal Constitucional para que la suspenda y abrir, así, la vía de Europa para presentar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Costa ha calificado de "torpedo" el movimiento judicial.
Según el escrito presentado al TC, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, alega una "infundada persecución penal", "contaminación y falta de imparcialidad" y una vulneración de los derechos humanos, que es la que se quiere llevar a Europa. Los abogados, entre los cuales está Gonzalo Boye, reclaman como medida cautelar la suspensión de la causa que tiene el miércoles una de sus partes fundamentales con la declaración de los acusados para poder trasladar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
El caso
El tribunal los investiga por un supuesto delito de desobediencia, al permitir dos debates parlamentarios de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019 a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque podía vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional. La magistrada instructora también da cinco días a Vox para aportar una fianza de 10.000 euros para seguir como acusación popular. La resolución se puede recurrir, pero no suspende el procedimiento.
En su querella, la Fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera en el pleno el texto de dos resoluciones, una el 12 de noviembre del 2019 y la otra el 26 de noviembre del 2019. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O, reiteraba la reprobación del Rey.
El ministerio público recordaba en su escrito que la sentencia del TC del 2 de diciembre del 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del proceso político en Catalunya a consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber "de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada" y les advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la Fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates.