El exvicepresident del Parlament, Josep Costa, ha presentado este miércoles una querella a la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, por ordenar su detención ilegal el 27 de octubre de 2021, según ha informado en un mensaje en su cuenta d'X.
"Ahora que las causas contra España avanzan al Tribunal de Estrasburgo, he pensado que es el momento de reactivar la querella contra la magistrada que ordenó detenerme por un delito inexistente y que han querido sepultar dentro de un laberinto procesal. ¿Hola, Llarena, qué dirás ahora?", ha manifestado Costa.
La querella, a la cual ha tenido acceso El Nacional, apunta contra la magistrada del TSJC y "contra aquellos que pudieran aparecer como responsables penales en concepto de autores, cómplices o encubridores" de su detención para no comparecer a una citación como investigado por presunta desobediencia cuando Costa formaba parte de la Mesa del Parlament.
La magistrada del TSJC, María Eugenia Alegret, que investigaba en la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent, por desobediencia, ordenó la detención de Costa porque no se presentó a su citación para ser interrogado como investigado. Los Mossos lo detuvieron y lo llevaron las chironas del Palacio de Justicia, hasta que fue conducido ante la instructora. La magistrada acordó su puesta en libertad, después de acogerse a su derecho a no declarar. La detención de Costa fue fuerza criticada, ya que aunque la actuación de la magistrada está prevista a la ley, el delito por el cual era investigado no implicaba penas de prisión, e incluso se podría haber juzgado Costa en ausencia.
Costa sostiene que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de detención ilegal, prevaricación, contra la inviolabilidad parlamentaria y contra el ejercicio de los derechos cívicos. Argumenta que su detención fue "completamente inútil y superflua, no aportó ningún beneficio a la instrucción de la causa ni contribuyó a salvaguardar la finalidad del proceso o los derechos de las partes" y lo interpreta como una represalia de la magistrada para poner de manifiesto irregularidades en la instrucción.
El jurista sostiene que no acudió a declarar porque "la citación cursada era ilegal" dado que el tribunal no tenía competencia para investigarlo, porque en aquel momento disfrutaba de inviolabilidad parlamentaria. Costa solicitó entonces una suspensión, que le fue denegada, pero asegura que el 15 de septiembre -fecha en la cual estaba citado- quien se personó en su lugar fue su letrado, Gonzalo Boye.
El exvicepresident de la Mesa considera que es "falso" que fuera citado personalmente -ya que se hizo a su procurador- y que no compareciera -porque lo hizo a través de su representación procesal, y recuerda que la no disposición a declarar voluntariamente constituye un derecho fundamental. "El auto no contiene ni una palabra para justificar por qué la supuesta obligatoriedad de comparecer tendría que comportar la detención inmediata en caso de no hacerlo y no otra sanción", subraya, y añade que la orden de arresto, que la Fiscalía no había solicitado, carecía de un fundamento jurídico razonable.
El TEDH admite la demanda por detención ilegal
El 8 de enero, Costa comunicó también a través de la misma red social, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había admitido a trámite una demanda por "detención ilegal", relacionada con estos mismos hechos, que dice son "consecuencia de la actividad parlamentaria que ejercí en defensa de la independencia". Josep Costa ha presentado hasta cuatro demandas al TEDH por vulneración de derechos, la investidura fallida del president Puigdemont en el 2018, la de los debates de autodeterminación y la inviolabilidad, aceptada al verano del 2023 y la de su detención por ordenada por el TSJC, que el tribunal admitió a trámite hace justo una semana.
Costa también solicitó en verano en el Supremo, que no se le aplique la ley de amnistía, porque considera que su aplicación "se puede interpretar como un reconocimiento de culpa". Quién sí que se podría beneficiar es el agente de los Mossos d'Esquadra que le picó con la porra en las manos durante las protestas contra la cumbre hispanofrancesa en Barcelona, y a que Costa también ha llevado a juicio.