Después de que la Agencia de Protección de Datos no ha reprobado a nadie por la filtración de las fotografías de DNI de los jueces soberanistas a La Razón, Josep Cruanyes i Tor (El Masnou, 1952), el abogado que los representa, lo vincula directamente a la 'Operación Catalunya'. Firme defensor y promotor del retorno de los Papeles de Salamanca, Cruanyes es el portavoz de la Comissió de la Dignitat y presidente de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, entre muchos otros cargos que ocupa. También fue el suplente número 7 de la lista de Junts pel Sí en Barcelona para las elecciones del 27-S. Se nota que le apasiona su trabajo. Su despacho está lleno de libros y fotografías antiguas, cámaras analógicas e informes del franquismo, entre miles y miles de otros objetos, todos testigos del tiempo que hace que se dedica a la abogacía.

¿Por qué la Agencia de Protección de Datos no reprobó la filtración de las fotografías de los 33 jueces soberanistas?

Los jueces presentaron una denuncia a la Agencia planteando quiénes había hecho esta filtración, que entendían que habían salido del carnet de identidad, sólo habían podido salir del archivo de la policía. Se hizo esta denuncia, también unos escritos a la dirección general de la Policía de Barcelona y nos contestaron que efectivamente habían hecho un informe, que lo habían hecho en base a la base de datos, que eso había sido para un encargo. Y que el jefe de brigada de información de Barcelona, que había hecho este informe, lo había pasado a Madrid. Ellos no querían saber nada más.

¿Después de enviarlo se lavaron las manos?

Sí. Entonces, eso se puso en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos. Pusimos una denuncia penal y declararon los policías que habían hecho el informe diciendo que sí que lo habían realizado. Este informe partía de los jueces que habían firmado el manifiesto [del derecho a decidir] y de cada uno de ellos hacía un poco de historia.

¿Por qué quedó archivado el caso?

El juzgado de lo penal archivó las actuaciones porque consideraba que no se podía encontrar quien era el responsable y en el ámbito penal, si no encuentras al responsable, el caso queda archivado. Nosotros fuimos facilitando toda esta información a la Agencia de Protección de Datos, las declaraciones de los policías, el escrito con que nos habían contestado, el informe... Entendemos que había varias tipos de violaciones.

¿Cuáles?

La primera, que quién tiene los datos tiene la obligación de custodiarlos a fin de que no se filtren. El hecho de que este informe que habían hecho tratando datos fuera publicado en un diario significa que se había filtrado y que habían incumplido este deber de custodia.

El hecho de que este informe hubiera sido publicado en un diario significaba que se había filtrado y habían incumplido el deber de custodia

¿Qué quiere decir 'deber de custodia'?

La Agencia entiende que la custodia no es un hecho de culpa, sino de resultado. Si una información se filtra es que no has puesto los medios y, por lo tanto, se ha cometido una falta grave. Es una cuestión objetiva.

¿Qué violaciones más habían producido?

La segunda es que se había hecho un tratamiento de datos impropio porque sólo se puede hacer un tratamiento de datos personales si se pide autorización del interesado y se pone su conocimiento. La ley de protección de datos dice que la policía puede tratar datos en función de persecución o prevención de delitos. Además se habían tratado datos de carácter ideológico que, además, son los más reservados porque la Constitución dice que nadie puede preguntar sobre la ideología y menos la policía hacer informes de eso, que recuerda al franquismo.

¿Qué les dijo la Agencia?

Que como se ha archivado el procedimiento penal, ellos también lo archivaron, sin dar ninguna razón. Entonces hicimos un recurso administrativo y nos contestaron con un argumento demencial. Dicen que hay un principio del procedimiento penal -Non Bis In Idem- que dice que a una persona por un mismo hecho no se la puede juzgar dos veces.

Se había archivado el caso por la vía penal...

No se había penalizado nadie y, por lo tanto, no se producía la duplicidad. El procedimiento penal buscaría a la persona que lo hubiera filtrado y el administrativo busca al responsable de los datos. Así, podría no recaer sobre las mismas personas pero, además, no se había penalizado a nadie. No tiene sentido. Aplicaban este principio de una forma chapucera y todavía más tratándose de jueces. Además hay un artículo que dice que no nos metamos con la policía. Es grave.

¿Grave por qué?

Porque la Agencia es un organismo independiente creado a través de la normativa europea para vigilar de una manera independiente a la administración, la propia administración debe tratar correctamente los datos. Uno de los puntos más delicados es la policía. Con esta resolución hace dejadez de una función muy importante que tiene la Agencia, porque no interviene.

Con esta resolución hace dejadez de una función muy importante que tiene la Agencia, porque no interviene

¿Cuál es el argumento?

Que no es un informe policial, sino que es un informe de inteligencia.

¿Podría estar todo eso enmarcado en la 'Operación Catalunya'?

Hay una palabra que me hizo pensar, que es la de "inteligencia" para tratar eso. Resulta que eso liga con que el señor Fernández Díaz y [el exdirector de la Oficina Antifrau] De Alfonso están tratando todo eso, que es un tema relacionado con el derecho a decidir y el procés, y resulta que antes de todo ello se filtran las fotografías a uno de los diarios a los que la policía suele filtrar información. Es más fácil atrapar a un mentiroso que a un cojo y en el informe hay cosas.

¿Cómo demuestran que esta información había salido de la policía?

Es evidente que los de La Razón no querían decir, de dónde había salido la información, pero se ve clarísimamente porque ellos ponen los nombres de los jueces y ellos, cuando firman el manifiesto, firman con su nombre en catalán a diferencia de su DNI. Todos los nombres publicados en cambio están como constan en el carnet de identidad. Incluso, al transcribir los apellidos, había uno que en el informe policial estaba equivocado y en el diario salió igual. Eso lo dijimos en el recurso y se lavaron las manos sin entrar a considerar si ha habido vulneración.

¿Es una pieza más del rompecabezas de la 'Operación Catalunya', pues?

Está ligado. ¿Qué sentido tiene que la policía haga eso? Podría ser en el inicio de toda esta operación. Se ve que son unas prácticas que desde el punto de vista de un Estado de derecho y democrático son impresentables. Para buscar un subterfugio se amparan con que es una operación de inteligencia.

Podría ser en el inicio de toda esta operación. Para buscar un subterfugio se amparan con que es una operación de inteligencia

¿Cómo se tiene que sentir la ciudadanía pensando que a todos nos pueden filtrar los datos?

El organismo que tiene que defender eso se lava las manos. Si la Agencia de Protección de Datos actúa así, significa que estamos desamparados totalmente. ¿De qué sirve la Agencia si en las cosas grandes fallan?

¿Aparte de presentar un recurso administrativo, seguirán algún procedimiento para solucionar los casos?

Llevaremos el recurso al Tribunal Supremo y se pedirá que se anule este archivo y que se obligue a la Agencia a investigar y a dictar una resolución.

¿También tenían pensado llevar el caso al Tribunal Constitucional?

Paralelamente, el procedimiento penal irá con un recurso de ampara.

Vamos a los Papeles de Salamanca. ¿Qué representa para Catalunya la Comissió de la Dignitat?

Representa un movimiento ciudadano que ha aprendido la manera de hacer una reivindicación que, de alguna manera, desde el punto de vista político, estaba atascada. Hasta el 2002, cuando se creó la Comissió, la Generalitat sólo pedía documentación del archivo de la Generalitat y no de la gente particular. Primero teníamos que explicar que existía esta documentación y que, además, también se había incautado documentación de particulares.

¿Qué cambió?

Desencallamos la situación política y se puso sobre la mesa la cuestión de fondo. Hablamos de una documentación requisada, que en su mayor parte se destruyó. La población de Catalunya conoció el hecho y asumió la justicia de esta reclamación gracias al papel de la Comissió de la Dignitat. No tenía sentido que un acto de requisa del franquismo se mantuviera en un estado democrático. Hoy, todo el mundo sabe qué significan los Papeles de Salamanca. Y en Catalunya, como mínimo, no hay nadie que esté en contra y que no lo entienda. La Comissió consiguió hacer un consenso social al que se añadieron los partidos políticos.

La Comissió consiguió hacer un consenso social [en los Papeles de Salamanca] al que se añadieron los partidos políticos

¿Políticos catalanes o también españoles?

El Estado ha colaborado muy poco en el cumplimiento de la ley, porque desde el 2005 hasta ahora ya van casi once años y todavía no estan todos los papeles devueltos. Ha habido un trabajo positivo y costoso del Arxiu Nacional para localizar e informar a los interesados, porque muchos no sabían ni que tenían esta documentación, mucha de ella personal y privada.

¿En qué sentido ha colaborado poco el Estado?

Mientras que la Generalitat buscaba, informaba a los familiares afectados y establecía el sistema de retorno -que es lo que dice la ley-, la actitud del Estado fue otra. Sin informar a nadie, estableció en un decreto que publicaron en diciembre, en tiempo de vacaciones, el plazo de un año para recuperar los papeles. Además, establecía que el retorno lo tenían que hacer las comunidades autónomas. Pero si la gente no tenía conocimiento de los papeles, y no les informaban, difícilmente se les podía hacer el retorno. Hubo una familia que lo pidió a la Comunidad de Madrid pero, como el PP estaba en contra del retorno, contestaron que ellos no querían esta competencia y los enviaron al Ministerio del Interior, que también se lavó las manos diciendo que era competencia de las comunidades. Eso es demencial. El Estado tiene pendiente reabrir otro periodo de retorno.

¿Cambiando de tema, es vinculante el referéndum de Tortosa sobre el monumento franquista si va en contra de lo que dice la ley de la memoria histórica?

Yo entiendo que se han hecho las cosas mal. La transición ha ido como ha ido. Se hizo la ley de la memoria histórica el año 2007 y el artículo 5 dice que se tienen que retirar los monumentos franquistas. En el momento de la transición hubo una retirada, sobre todo en Barcelona. Todas las cosas que quedan, la administración las tiene que retirar.

Ahora dicen que lo reinterpretarán.

¿Qué significa reinterpretarlo? Este monumento está hecho con una finalidad muy concreta y ahora no podemos decir que haremos de él el símbolo de la paz. Esta consulta fue un error y no porque no se tenga que hacer, pero hay cuestiones que son de base, que es que no haya símbolos franquistas que representen la represión.

Otros que votaron a favor de mantener el monumento, alegaban motivos económicos.

Lo que se tiene que explicar es el hecho. No se tiene que difuminar la cuestión y no decir que ya nos hemos acostumbrado. Eso significa que no tenemos presente lo que representaba y las administraciones públicas tienen la obligación de retirarlos. Alemania no se plantearía nunca esta cuestión. Un tema no lo matas por el hecho de que no digas que existe.