Josep Pagès i Massó (Sant Celoni, 1972) es diputado de Junts en el Congreso de Diputados dede el 9 de marzo de 2021 en sustitución de Jaume Alonso-Cuevillas. La ficha de la cámara española indica que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociología (UAB) y miembro de la Sindicatura Electoral en Catalunya, un órgano colegiado criminalizado y por el cual fue acusado por la fiscalía en el 2017, juzgado y absuelto por una jueza de Barcelona en marzo de 2021, y esta semana se ha sabido que la Audiencia de Barcelona ha ordenado repetir el juicio contra él y cuatro académico más que formaban la Sindicatura del 1-O.
¿Cómo afronta de que se tenga que repetir el juicio por haber estado miembro de la Sindicatura Electoral de Catalunya por el 1-O?
Cuando fuimos llamados para formar parte de la Sindicatura Electoral del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya del 2017 ya sabíamos que era para hacer un servicio al pueblo de Catalunya, que comportaba sus riesgos de represión del Estado español. Los hechos han ido confirmando esta represión. Y, creo que el enfoque que tenemos que dar no es tanto centrado en nuestros sentimientos, sino de valorar si hicimos un servicio y si tuvo sentido; y en mi caso, pienso que sí que lo tuvo. Es un error la sentimentalización de todo el tema de la represión. No son estos los términos que benefician el movimiento democrático del pueblo de Catalunya.
La Audiencia de Barcelona ha tardado más de un año en resolver el recurso de la fiscalía contra su absolución,la de los cinco miembros de la Sindicatura. Afirma que hay contradicciones en el razonamiento de la jueza del penal 11 que los absolvió.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona es radicalmente cuestionable. Es una sentencia que sin tener a mano las pruebas prefigura una decisión para el órgano que posteriormente tenga que juzgar nuestro caso. La cuestión de las contradicciones es una enmienda de la fiscalía a la hora de plantear sus posicionamientos. En definitiva, lo que ha habido es la utilización de un recurso técnico absolutamente insólito e inaudito, que no pertenece al derecho, para corregir una situación procesal, que es contraría a la voluntad de la judicatura en su conjunto, a los miembros de la Sindicatura, órgano que fue considerado nuclear en el Referéndum de Independencia de Catalunya. Por eso, considero que hablar de contradicciones es una excusa técnica. No hay ningún tipo de prueba que demuestre que cometimos los delitos que se nos imputan.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona es radicalmente cuestionable. No hay ningún tipo de prueba que demuestre que cometimos los delitos que se nos imputan; y ahora nos han dejado sin derecho de defensa
¿Se ha cuestionado en exceso la sentencia de la jueza?
Hay que decir que la jueza que dictó nuestra absolución es una jueza sustituta, y lo que ha hecho la Audiencia de Barcelona es perjudicarla sobre todo a ella, la han desautorizado de su función judicial, además de indicar que "no es de los nuestros" (refiriéndose a que no ha hecho oposiciones). Esta sentencia es una cabeza de caballo ensangrentada en todas las camas de jueces que quieran hacer sentencias justas. Hay voluntad de escarnio. Quiero transmitir mi apoyo a esta jueza y a todos los jueces que quieren hacer justicia de verdad, y que no quieren tomar decisiones que no sean de justicia.
¿No confía en ningún órgano del Poder Judicial?
La sentencia de la Audiencia de Barcelona es un aviso para cualquier órgano que nos tenga que juzgar, y que es que no se aceptará ningún resultado que no sea una sentencia condenatoria.
En la sentencia, la Audiencia de Barcelona no recoge ningún argumento de la defensa de los síndics.
La Audiencia recoge el argumentario de la fiscalía y se reconduce hacia una nueva sentencia y lo hace sin responder los argumentos expresados por nuestra defensa y sin tener a mano las pruebas. En la justicia, todos sabemos que se tratar de subsumir unos hechos a unas normas, y aquí lo que se ha hecho es subsumir la absolución de una sentencia con los resultados predeterminados condenatorios.
¿Cuál es su defensa? ¿No firmaron nada después de la advertencia del Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017?
Nuestra defensa es que en Derecho Penal hay un principio acusatorio y parece que nosotros tengamos que justificar lo que no está demostrado en ningua parte. La fiscalia supone que realizamos unas actuaciones, pero que no está justificadas en ningua parte. Y lo que hay que explicar también es que hay una falta absoluta de individualización de los hechos. Se presupone que formar parte de un órgano administrativo genera unas responsabilidades penales, y eso es inaudito, hay que individualizar la acción de cada uno. La sentencia vulnera el principio de igualdad de armas. Hemos quedado absolutamente desamparados con esta sentencia, sin derecho de defensa, porque presupone los hechos.
¿Y ahora qué harán? ¿Presentarán un recurso de casación al Tribunal Supremo?
Ahora, estamos estudiando si podemos presentar recurso de casación o si podemos presentar un recurso de nulidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional. Evidentemente, esta sentencia no puede quedar sin ser recurrida porque vulnera un listado de derechos que no puede quedar así.
Como usted es diputado en el Congreso tiene el aforo en el Tribunal Supremo y Tània Verge, que ahora es consellera, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Qué tribunal los volverá a juzgar. ¿Todos irán al Supremo o se dividirá?
Normalmente, el aforo se respeta hasta cuando está la apertura de juicio oral. Lo que pasa es que en esta sentencia la Audiencia también indica al órgano que analice cuál es el tribunal competente para juzgarnos y sólo habla de la consellera Verge. Mi aforo es posterior. La querella se presentó en septiembre del 2017, la vista oral del juicio fue en el 2021, con tres años y medio de retraso, y ahora nos devuelven a la casilla de salida del juicio con los aforos.
¿No quiere que se le aplique su aforo?
En el Estado español, los aforos son una pena añadida: El TSJC y el Tribunal Supremo son los órganos menos imparciales y más escorado a la derecha y más ideologizados, en el peor sentido de la palabra, que el resto de órganos. Y, además, el Supremo no permite la segunda instancia.
En el Estado español, los aforos son una pena añadida: El TSJC y el Tribunal Supremo son los órganos menos imparciales y más escorados a la derecha
La fiscalía presentó el recurso por infracción de ley, hecho que le permitia que si la Audiencia mantenía su absolución tuviera un argumento para poder presentar un recurso de casación al Supremo, como hizo con Tamara Carrasco.
La fiscalía ha tenido una actitud inquisitorial desde el primer momento, absolutamente alejada de lo que tiene que ser un fiscal que es la preservación y defensa de los derechos de los ciudadanos. La fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, firmó nuestra querella sin conocer los hechos. Ya había una instrumentalización política. Después, nos acusaron de delitos inexistentes como la malversación ya que todos los gastos derivados de nuestro ejercicio como síndics nos lo pagamos nosotros. Y el escrito de acusación es incoherente. Primero nos acusan de desobediencia y usurpación de funciones en base a unos hechos que sabían que no teníamos condición de autoridad, y a partir de aquí toda la actuación de la fiscalía ha sido muy extrema. Y por lo tanto, no es extraño que quisieran presentar más recursos.
¿Ante la dificultad jurídica sobre los dos aforos, cree que la fecha del segundo juicio tardará y se mantendrá esta espada de Damocles contra ustedes?
No lo sabemos. Uno de los objetivos de esta organización judicial, y en la cual está implicada la fiscalía, es mantener en un estado de inseguridad jurídica a las personas que tienen que ser perseguidas.
¿Quiénes son estas personas?
Pues, somos nosotros los miembros de la Sindicatura Electoral, y las personas víctimas de la represión española. Es una causa general contra el movimiento independentista. Nuestro juicio se hizo por unos hechos muy sencillos, tres años y medio después de que pasaran. El juzgado de instrucción 13 de Barcelona mantiene en la misma situación a las personas encausadas por l'1-O. Lo que buscan es generar esta sensación de inseguridad jurídica, y no tenemos que caer en esta dinámica represora que pretende tener unos efectos psicológico contra las personas, y nosotros tenemos que luchar que estas efectos se den. Quieren crear esta seguridad jurídica para inmovilizarnos.
¿Qué quiere decir?
La Sindicatura Electoral de Catalunya no era un órgano independentista del Referéndum. Era un órgano de control electoral formado por académicos para garantizar que el procedimiento garantizara los derechos de todos los ciudadanos y la imparcialidad. Pero nos encontramos con una organización judicial, con unos objetivos predeterminados.
La Sindicatura Electoral de Catalunya no era un órgano independentista del Referéndum. Pero encontramos una organización judicial con unos objetivos predeterminados
¿Se ha sentido perseguido como académico?
Sí. Fuimos escogidos para formar parte de este órgano por nuestro perfil académico y técnico. Hay una persecución a académicos por su pericia, como es su aportación desde el ámbito del derecho y desde la ciencia política a un proceso electoral. Hay resoluciones de la ONU que sostiene que forma parte de la actividad académica el participar en acciones de la ciudadanía, como és el caso de los procesos electorales y ser perseguidos por eso no pasa en ningún sitio del mundo. Además, como síndicos ya fuimos castigados con una primera condena penal, como fueron las multas elevadísimas del Tribunal Constitucional (TC), que después no se ejecutaron porque dimitimos ya que nos lo pidió el Govern. Y hay una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que afirma que este tipo de sanciones por parte de un órgano jurisdiccional tienen un contenido penal, y eso se recoge en la resolución a una síndica electoral de Tarragona, Montserrat Aumatell. Es decir, que ya se ha juzgado y hay una predeterminación en el resultado del proceso que estamos inmersos.
¿Hay independencia judicial en el Estado español?
Si alguien se cree que los jueces, por ejemplo, los de la Audiencia de Barcelona, no han recibido indicaciones y presiones se equivoca. Ahora hemos conocido de las cloacas del Estado, que José Manuel Villarejo no sólo hablaba con políticos sino también con jueces, y no cualquiera, como el juez Pedraz y el Andreu de la Audiencia Nacional.
No hay una justicia independiente en el Estado español. Es una justicia que hace el trabajo sucio por la unidad de España
Precisamente, usted en la comisión de investigacióndel Congreso del caso Kitchen se las tuvo con las líderes del PP. Y con los audios de Villarejo ahora se ha visto que no decían la verdad, como el exministro Fernández Díaz.
Sí. Les hice preguntas en este sentido y lo negaban todo. Y ahora se ha demostrado que todas las acciones de la Operación Catalunya estaba coordinadas entre juez, fiscal y policial y por lo tanto eso indica que hay un estado de corrupción generalizado dentro de la judicatura, y que no se mantiene la separació de poderes. Y por lo tanto, no hay duda que la Audiencia de Barcelona al decidir anular nuestra sentencia absolutoria ha recibido presiones. No hay una justicia independiente en el Estado español. Es una justicia heredera del franquismo, y que hace un trabajo sucio la unidad de España. Y así decaen todos los derechos: el derecho de defensa, el de presunción de inocencia...
Ningún juez del Estado español ha querido investigar la Operación Catalunya. ¿La batlle de Andorra que investiga las presiones a los titulares de la banca BPA lo conseguirá juzgar al expresidente Rajoy y sus ministros?
De la misma manera que la justicia española ha evitado juzgar al rey Joan Carlos por múltiples delitos, y también ha evitado condenar a Dolores de Cospedal y el exministro Fernández Díaz en la Operación Catalunya, pues, entiendo que habrá presiones del Gobierno para que se absuelva a los responsables políticos y policiales españoles por perseguir adversarios políticos, como son del independentismo catalán, en un tercer estado. Las presiones estarán. Sólo habrá que ver hasta cuánto aguanta la jueza de Andorra. Y no sólo nos referimos a gobiernos del PP.
¿Habla del actual gobierno del PSOE y Podemos?
Sí. Actualmente, el inspector de la policía española Celestino Barroso (agregado de Interior de la embajada española en Andorra del 2014 al 2017) incluido en la querella de la trama andorrana de la Operación Catalunya, está protegido por el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros, le hemos pedido repetidamente que levante esta protección diplomática a este presunto delincuente, que se reclama desde Andorra, y por ahora no tenemos ninguna respuesta.