El exconseller de Territori Josep Rull, condenado por el referéndum del 1-O, reacciona a la revisión de las penas del Tribunal Supremo hechas públicas este lunes por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y ERC. Rull, que ha visto su condena de inhabilitación extinguida, ha compartido un breve mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, en el cual no se ha mostrado sorprendido por la decisión del tribunal español de mantener la inhabilitación a cargo público en algunos de los condenados en el juicio al procés, más concretamente, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que permanecerán inhabilitados hasta el 2030 o el 2031. "Un Tribunal Supremo que se sigue moviendo con parámetros políticos, retorciendo el derecho hasta extremos inauditos y arbitrarios," ha denunciado Rull a la red.
Un Tribunal Supremo que se sigue moviendo con parámetros políticos, retorciendo el derecho hasta extremos inauditos y arbitrarios.
— Josep Rull y Andreu ���� (@joseprull) February 13, 2023
El Supremo mantiene la inhabilitación en Junqueras, Turull, Romeva y Bassa
La sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha revisado la condena a los independentistas catalanes en función de la reforma del Código Penal pactada por el PSOE y Esquerra Republicana. La principal conclusión es que, siguiendo el mismo criterio del instructor Pablo Llarena, el Supremo condena Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los delitos de malversación y desobediencia y los mantiene la inhabilitación hasta el 2031. Ahora bien, la sentencia extingue las penas de inhabilitación contra Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn y Carme Forcadell por la revisión de delitos. En el auto, Marchena rechaza la equivalencia del nuevo delito de desórdenes públicos agravados porque no la ve equiparable al antiguo delito de sedición y advierte que el nuevo Código Penal deja impune poner en marcha "procesos secesionistas" en los cuales no intervenga la violencia o la intimidación.
El punto nuclear de la resolución es la situación con qué deja Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, que son los que acumulan condenas más duras después del juicio al procés por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Indultados por el Gobierno – cosa que les permitió salir de la prisión -, el punto caliente era saber qué pasaba con los años de inhabilitación que todavía acumulan en los hombros. En el auto enviado este lunes, Marchena y sus compañeros de sala reinterpretan los cambios al Código y siguen la línea trazada por el juez instructor Pablo Llarena. De entrada les mantiene las condenas como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de fondos públicos. Eso implica que continúan vigentes las inhabilitaciones dictadas en la sentencia del procés y que les impedirá presentarse a las elecciones a corto plazo. En concreto, a Junqueras y a Bassa, hasta el 2031 y a Romeva y a Turull, hasta el 2030.