El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y la portavoz republicana en el Parlamento Europeo, Diana Riba, han declarado como víctimas por el espionaje con el software Pegasus, de la empresa NSO Group, ante la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, este viernes. El abogado de los dos republicanos, Andreu van den Eynde, ha asegurado que "ante la resistencia feroz de la justicia española" a investigarlo, finalmente se ha iniciado la instrucción con el fin de evidenciar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) los espió, como sostienen desde hace tiempo, con 65 personas afectadas, según la investigación del CatalanGate. En concreto, Jové ha detallado a la magistrada Eva Molto que tiene constancia que sus teléfonos fueron infectados en tres ocasiones, en marzo de 2019 y en junio de 2020; durante el juicio del procés y cuando negociaba con el Gobierno distintos temas como la investidura de Pedro Sánchez, medidas por|para la pandemia, presupuestos, y en el ámbito catalán, el gobierno de coalición. Jové formaba parte de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos.
Por su parte, Diana Riba ha detallado que evidenció que la espiaban el 28 d'octubre del 2019, cuándo un colaborador suyo en Bruselas descolgó el teléfono y escuchó parte de la conversación que acababan de tener. En aquellas fechas se hablaba sobre el escaño en el Parlamento Europeo de que había obtenido Oriol Junqueras, al que renunció en ser condenado por sedición. Riba también ha sostenido que se la espió en el ámbito personal porque su marido, el exconseller Raül Romeva, también fue condenado por el Supremo, el 14 de octubre. Riba ha instado el Gobierno "a cumplir su palabra" y que el Consejo de Ministros levante el secreto y permita que el CNI dé explicaciones.
Riba ha explicado a la jueza que, como vicepresidenta de la comisión de investigación europea de Pegasus, visitó la empresa NSO en Israel y que se les informó que el Estado español era uno de sus clientes. Antes de entrar en el juzgado, Jové y Riba han recibido el apoyo de compañeros de ERC, que también han exigido transparencia al Gobierno.
La directora del CNI, al juzgado
Recientemente, la magistrada ha pedido al Gobierno que apruebe la desclasificación de documentos secretos, para aclarar si aprobó investigarlos, tal como admitió con unas veinte personas, incluido Pere Aragonès, cuando era vicepresidente. Así lo pidió el abogado de los republicanos, Andreu van den Eynde, para que el interrogatorio a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que la magistrada ha aprobado en calidad de testigo, sea fructífera y no se acoja que la información es secreta. Por ahora el gobierno del PSOE no ha contestado. El penalista ha insistido en que la investigación de Pegasus solo prospera, si las acusaciones presentan recursos a la Audiencia de Barcelona, que hasta ahora les ha dado la razón, como por ejemplo que se tiene que citar a la empresa NSO Group como querellado.
La causa de Aragonès, parada
El abogado de ERC también ha denunciado que la investigación sobre el espionaje del presidente Pere Aragonès “continúa parada desde hace 10 meses”, haciendo referencia a las trabas de la justicia para investigarlo. Actualmente, la Audiencia de Barcelona tiene que resolver qué juzgado es el competente para investigar Aragonés: el juzgado de instrucción 29 de Barcelona, donde recayó el caso, o un juzgado de la Audiencia Nacional.
A banda, las causas de Pegasus están repartidas por distintos juzgados de Barcelona, con afectados de la CUP, Òmnium y de ERC. Precisamente, el abogado Andreu van den Eynde y el eurodiputado Jordi Solé tienen su causa como espiados en el juzgado de instrucción 24 de Barcelona.
La entrega de los móviles
El fiscal especializado de delitos informáticos, Roberto Valverde, ha insistido en el juzgado que Jové y Riba aporten sus móviles al juzgado para que sean examinados por peritos policiales. Los dos afectados han aportado al juzgado dos periciales, además de la de Citizen Lab, que confirma este espionaje sufrido. En todos los juzgados, el fiscal mantiene esta reclamación.
En la foto principal, el abogado Andreu van den Eynde y la eurodiputada Diana Riba. / Foto: Carlos Baglietto