Las reacciones a la decisión de la fiscalía que pide 7 años de prisión para Josep Maria Jové por el referéndum del 1 de octubre no han tardado en llegar; la primera la del principal implicado, Jové. La fiscalía pide siete años de prisión para Josep Maria Jové y 32 años de inhabilitación, seis años y tres meses de prisión y 27 años y tres meses de inhabilitación para Lluís Salvadó y un año de inhabilitación para Natàlia Garriga por el referéndum del 1 de octubre. Al presidente del grupo parlamentario de ERC y al presidente del Port de Barcelona los acusa de los delitos de malversación agravada, prevaricación y desobediencia, mientras que a la consellera de Cultura le atribuye solo este último. Les reclama también multas que van desde los 18.000 euros de Garriga, hasta los 24.000 de Salvadó y los 30.000 de Jové.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente del grupo parlamentario de ERC, ha tildado la fiscalía de "miserable", "malas personas" y "cobardes". En un mensaje con un tono claramente enfadado, Jové les ha recriminado que siempre van "de cara ante la represión" y que, lo que hicieron el 1-O, "lo hicimos por principios democráticos y de libertad".
El pasado 13 de enero la Fiscalía pidió a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) más tiempo para presentar el escrito de acusación en la causa contra Lluís Salvadó y Josep Maria Jové a causa de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que incluye una nueva tipificación del delito de malversación de fondos públicos. En teoría, el ministerio público tenía hasta el 20 de enero para presentar su escrito y pidió una ampliación de 30 días a partir de aquella fecha.
"No damos marcha atrás"
Por su parte, la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, ha enmarcado la petición de pena que ha formulado la Fiscalía contra los preparativos del 1-O en "una causa general contra el independentismo". Lo ha dicho en un tuit después de que la Fiscalía le haya reclamado un año de inhabilitación. "No damos marcha atrás, seguimos trabajando", ha aseverado, y ha acusado al sistema judicial español de hacer política en vez de impartir justicia.
Desde Esquerra Republicana, también han denunciado la noticia asegurando que, una vez más, "se vuelve a hacer evidente la arbitrariedad, la injusticia y la persecución que vivimos los independentistas". El partido recuerda que hacer un referendo "no es un delito" y envía su apoyo a Jové, Salvadó y Garriga.