Defensa de ataque. El diputado de ERC y presidente del Consejo Nacional de Esquerra, Josep Maria Jové, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) nuevas pruebas para el juicio que tiene que afrontar como acusado de impulsar y organizar el 1-O, juntamente con Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, cuando estaban en el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, bajo las órdenes de Oriol Junqueras. Una de las nuevas pruebas solicitadas es la declaración del periodista Carlos Enrique Bayo, de Público, que entrevistó al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación a los independentistas catalanes y que descubrió que era el titular de la cuenta de Twitter con el seudónimo Tácito, donde criticaba y se burlaba de la acción del Govern, según han confirmado fuentes judiciales a ElNacional.cat. El objetivo de Jové es evidenciar que la investigación de la Guardia Civil del 1-O fue "prospectiva", prohibido en el ámbito penal. La Fiscalía interpreta la petición de ERC como una medida dilatoria para aplazar más el inicio del juicio, que no tiene fecha. En el juicio, Baena y su equipo están citados a declarar como testigos.
La petición de más pruebas ha sido realizada por Ramon Setó, nuevo abogado de Jové y buen conocedor de la causa del 1-O porque representa a distintos excargos de ERC en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde hay procesados una treintena de personas por la organización del 1-O. En el escrito, de 12 páginas y presentado en julio, Setó pide, además dela declaración del periodista, que se incorpore el audio donde Baena primero admite al periodista de Público que es Tàcito y después sostiene que es una cuenta compartida por un grupo de personas. El penalista también pide la incorporación de más testigos y la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la cúpula de Interior, en la cual se critica abiertamente la investigación de la Guardia Civil. La anterior abogada de Jové, Cristina Rodríguez, presentó un elaborado escrito de defensa, en el cual asegura que es "una causa general contra el independentismo catalán", y recuerda que la Audiencia Nacional, en la sentencia de Trapero, critica al teniente coronel Baena porque "su claro sesgo ideológico interfería en la investigación y el correcto desarrollo de sus funciones como investigador".
Tres investigaciones paralelas
En el juicio en el Tribunal Supremo, los abogados de los líderes independentistas ya denunciaron que la investigación de la Guardia Civil contra el Govern era prospectiva, a la búsqueda de posibles delitos, con la invasión de la vida privada de políticos y ciudadanos. El teniente coronel Daniel Baena confirmó indirectamente estas acusaciones cuando, en el interrogatorio realizado por la fiscal Consuelo Madrigal en el juicio en el Supremo, en marzo de 2019, admitió que tenía tres investigaciones abiertas al independentismo catalán y desde el 2015.
La primera fue abierta el 5 noviembre de 2015 por orden del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ocho días después de las elecciones en el Parlament. "Este procedimiento —sostiene el escrito de defensa de Jové— se incoa antes de que exista ningún pronunciamiento ni de la cámara catalana, ni del Govern y también antes de que existiera ningún tipo de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Fue con el único fundamento de la existencia de un resultado electoral favorable al derecho de autodeterminación." Y desde el 2015, la Guardia Civil pide la justificación de todo tipo de gastos al Govern. La segunda investigación es la del TSJC, que en 2017, encarga investigar los anuncios del 1-O. Finalmente, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona inicia una investigación por las declaraciones del exmagistrado Santiago Vidal, que desembocan en la organización del 1-O, una causa bastante tiempo secreta. Y Baena, al final, tiene que informar al juez de que hay tres procedimientos abiertos, que hay que unificar. Destapadas estas actividades, Baena fue apartado como jefe del equipo judicial de Barcelona y fue ascendido a dirigir la comandancia de Barcelona.
Aparte de estas irregularidades, la defensa de Jové también sostiene que ha sido espiado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a través del software Pegasus, como evidenció la investigación del Catalangate, con unas 65 personas afectadas. Este espionaje es investigado en un juzgado de Barcelona sin mucho impulso. En este sentido, Jové también ha pedido al TSJC que se le aporte el móvil que se le requisó en el 2017 al ser detenido por el 1-O para evidenciar este espionaje. Hasta ahora, el TSJC lo ha descartado.
Invitación a la abstención
El tribunal que ha de juzgar los tres cargos de ERC, formado por los magistrados Jesús María Barrientos, Carlos Ramos y Fernando Lacaba, tiene que resolver ahora la admisión de las pruebas que acusaciones y defensas le han planteado. Además, los magistrados Barrientos y Ramos tendrían que responder a la invitación a su abstención hecha por la defensa de Jové, y a la cual Vox se ha añadido. Al inicio del procedimiento, la abogada de Jové cuestionó la imparcialidad de Barrientos y Ramos, antes de que la sala 77 los apartara del juicio de la Mesa de Roger Torrent —al considerar que se podía cuestionar su imparcialidad—, y de que el Supremo hiciera repetir el juicio de la Mesa de Forcadell, sin ellos, por haber dado por buenas afirmaciones de la Fiscalía. Pasado el trámite de recusación, la defensa de Jové ha pedido a los dos magistrados que se aparten, trámite que se tendría que hacer en las cuestiones previas, aunque indica que lo avanza con el fin de evitar la suspensión al inicio del juicio o el peligro de nulidad y su repetición. Vox, de forma sorprendente, ha admitido que puede haber este peligro, mientras la Fiscalía Superior de Catalunya, no. El juicio a Jové, Salvado y Garriga podría durar unos dos meses, ya que hay unos 70 testigos propuestos.
Las penas pedidas
La Fiscalía Superior de Catalunya ya presentó el febrero pasado el escrito de acusación, en el cual pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové; 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa. La Abogacía del Estado, por el contrario, redujo bastante su petición de castigo: 3 años y 6 meses de prisión, 7 años de inhabilitación a cargo público y una multa de 30.000 euros para Jové por los delitos de malversación de fondos —en este caso atenuada, incluida en la reforma del PSOE y ERC- y desobediencia por haber organizado el 1-O bajo las órdenes del exconseller Oriol Junqueras, como secretario general de Economía y Hacienda. Por el contrario, no acusa a Lluís Salvadó. Y para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, pide un año de inhabilitación por el delito de desobediencia al TC y pagar una multa de 18.000 euros.