El presidente del grupo parlamentario y del Consejo Nacional de ERC, Josep Maria Jové, ha presentado un escrito al TSJC para pedir la abstención de los magistrados Jesús María Barrientos y Carlos Ramos. Jové reclama que se retiren de la causa al considerar su "falta de imparcialidad". Esta ya es la segunda vez que Jové lo pide, después de la recusación que solicitó hace dos años y finalmente fue rechazada.
ERC ha recordado que la presencia de estos jueces ha tenido "consecuencias jurídicas en otros procedimientos". A modo de ejemplo, señalan la repetición del juicio en la mesa del Parlament de Carme Forcadell, así como la recusación del caso contra la mesa del Parlament de Roger Torrent, o que los dos magistrados decidieran abstenerse en el juicio a Meritxell Serret para el 1-O.
Conflicto de intereses de los magistrados
ERC ha señalado en un comunicado que en el caso del juicio de la mesa del Parlament de Carme Forcadell, integrada por la actual consellera de Educació, Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, el Tribunal Supremo declaró nula la sentencia del TSJC y ordenó la repetición del procedimiento, después de constatar el efectivo conflicto de intereses de los magistrados cuestionados. En aquel momento, la defensa de los republicanos fue pedir la recusación de Barrientos y Ramos, tanto en el primer juicio como en el recurso al alto tribunal español. Además, ha recordado que estos magistrados también fueron recusados de la causa contra la mesa del Parlament de Roger Torrent, y, posteriormente, ellos mismos se abstuvieron en la de la consellera Meritxell Serret para el 1 de Octubre.
Legitimidad de convocar un referéndum
El pasado mes de mayo, Jové presentó el escrito de defensa de cara al juicio para el 1-O que se hará en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). "Este es el juicio del referéndum, un juicio a la voluntad democrática de una mayoría anchísima de la sociedad catalana," defensa Jové. En el escrito, el dirigente republicano reivindica la legitimidad democrática de convocar un referéndum, avalado tanto por mayorías parlamentarias como por programas electorales no impugnados. "La convocatoria y celebración de un referéndum como el que se enjuicia nunca podrá ser sancionada penalmente ni ser cuestionada su legitimidad democrática", dice el texto.
La fiscalía pide 7 años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové, y seis de prisión y 27 de inhabilitación para Lluís Salvadó, número 3 de Economía en 2017, por el delito de malversación agravada. Con respecto a la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un año de inhabilitación y 28.000 euros de multa por desobediencia. Por su parte, la abogacía del Estado no acusa Salvadó pero sí a Jové.