El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le aplique la ley de amnistía del procés y que se opone a enviar la norma del olvido penal a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha informado el partido este jueves. En el comunicado, se detalla que la defensa de Jové, ejercida por los penalistas Andreu van den Eynde y Ramón Setó, consideran innecesario plantear tanto una cuestión de inconstitucionalidad como cuestiones prejudiciales a la justicia europea por la causa de los mandos de ERC en la organización del 1-O. Los dos abogados indican al alto tribunal catalán que "las consultas en Europa no son para cuestionar leyes en abstracto ni plantear cuestiones hipotéticas, sino que sirven para resolver dudas sobre cómo aplicar el derecho europeo cuando se haga necesario para dirimir un caso local", y añaden que este no es el caso de Jové. La reclamación del republicano llega al día siguiente que el Tribunal Supremo haya anunciado que lleva la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, por una condena de desórdenes, al asegurar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica.

En su resolución del 9 de julio pasado, el TSJC afirmaba que tendría que aplicar la ley de amnistía a Josep María Jové y Lluís Salvdó, a quien la Fiscalía pedía 7 y 6 años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos por la organización del 1-O- al considerar que no se habían enriquecido con este gasto, motivo que marca la norma para no eliminar la responsabilidad penal.

El derecho a la igualdad ante la ley se mantiene

No obstante, el alto tribunal catalán añadía que tiene "reservas" sobre la legalidad de la ley de amnistía, y por eso preguntaba a las partes si había que consultar al Tribunal Constitucional o al TJUE sobre su legalidad. Anunciaba sin argumentar que la ley podría vulnerar la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE); la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (art. 14 CE) y exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE)".

La defensa de Salvadó, ejercida por el penalista Josep Riba, también sostiene que no hay ninguna duda que se les tiene que aplicar la amnistía. En la causa en el TSJC, también está procesada la consellera de cultura en funciones, Natàlia Garriga, a quien se le pide una pena de inhabilitación a cargo público por el 1-O.

No afecta a los intereses financieros de la UE

En concreto, la defensa de Jové argumenta que "no está nada fundamentada una supuesta inconstitucionalidad de la ley de amnistía porque la claridad de la ley garantiza seguridad jurídica, como fija también la Comisión de Venecia". Además, los abogados sostienen que "se garantiza la igualdad ante la ley porque los criterios que establece la ley de amnistía para ser aplicada se encuentran claramente definidos en la misma norma".

Finalmente, los abogados de ERC afirman que no hay ningún efecto contra intereses financieros de la Unión en la causa del 1-O. "En ningún caso se pueden hacer interpretaciones extensivas, ni plantear cuestiones basadas en futuribles para elucubrar sobre un hipotético impacto en los intereses financieros de la Unión de un proyecto independentista, sobre todo cuando estas premisas no forman parte del relato acusatorio", concluyen los penalistas.