El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Maria Jové, ha presentado un incidente de recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, por las declaraciones críticas a la ley de amnistía, que hizo en un discurso público, según ha confirmado ElNacional.cat. Precisamente, Barrientos presidirá el juicio a Jové, Lluís Salvadó y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por organizar el 1-O, a partir del 10 de abril.
En el escrito, la defensa de Jové sostiene que el magistrado con aquellas declaraciones "ha perdido imparcialidad" y le reclama que se aparte de la causa del 1-O porque es una de las que tendrán que ser amnistiadas cuando la ley sea aprobada, y que se prevé a finales de mayo, justamente cuando tiene que acabar el juicio del TSJC.
Elemento de "discordia"
En concreto, Barrientos cuestionó abiertamente la ley de amnistía en el discurso de bienvenida a los nuevos jueces y juezas que ejercerán en Catalunya, en un acto en el Palacio de Justicia el 26 de febrero pasado. Aseguró que una ley que "privilegia a una parte ante el conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia" e hizo referencia a "espacios de impunidad".
El presidente del TSJC hizo referencia explícita a la ley de amnistía, que esta semana volverá a llegar al pleno del Congreso de los Diputados para aprobarse de forma definitiva después del acuerdo del PSOE, ERC y Junts, con su validación en la comisión de Justicia. El presidente del TSJC siempre ha defendido que "la ley tiene que ser igual para todo el mundo", en clara referencia a la ley del olvido penal de los hechos del procés, pero nunca había sido tan claro y crítico, como en el último discurso.
Sin imparcialidad
La defensa de Jové —ejercida por los abogados Ramón Setó y Andreu Van den Eynde— considera que las declaraciones del presidente del TSJC afectan de "forma clara y manifiesta a la debida imparcialidad predicable" de cualquier tribunal e implican una "oposición frontal" del juez a la ley de amnistía. Añade que si Barrientos augura "espacios de impunidad" cuando se aplique la ley, es porque se muestra convencido "sobre el carácter delictivo de los hechos que podrían llegar a ser amnistiados". Por ello, los abogados sostienen que lo que expresa el juez Barrientos es "el convencimiento de que todas las personas que se puedan llegar a beneficiar [de la ley de amnistía] son culpables de los hechos que se les atribuyen y merecedores de una condena penal".
En la petición de recusación, los abogados de Jové también argumentan que las declaraciones de Barrientos añaden una "duda razonable sobre la existencia de prejuicios". Por todo ello, la defensa señala que existe "una pérdida de imparcialidad objetiva" del magistrado, y por ello le pide que se aparte de la causa contra Jové.
El diputado republicano criticó, recientemente, que el TSJC le vulneraba su derecho político porque no aceptó cambiarle las ocho sesiones del juicio a otros días para poder asistir a los plenos del Parlament.
Segunda recusación
Es la segunda recusación que el diputado de ERC presenta contra el presidente del TSJC. Josep Maria Jové recusó a Barrientos y también al magistrado Carlos Ramos, los cuales el Supremo hizo apartar del juicio de la Mesa del Parlament, que presidía el republicano Roger Torrent, y que fueron recusados por el exvicepresidente de la Mesa Josep Costa. Y posteriormente, de la diputada de ERC Anna Simó por su apariencia de falta de imparcialidad. Todas ellas son causas vinculadas con el procés. La primera recusación de Jové no fue aceptada por una sala especial del TSJC.
Habrá que ver si esta segunda recusación paraliza el juicio del 1-O en el TSJC. El tribunal también podría parar la vista por la entrada en vigor de la ley de amnistía, que se espera que sea efectiva este verano. El posicionamiento crítico de Barrientos no hace pensar en esta opción, sino más bien que presente una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como ya se espera que lo haga el Tribunal Supremo por haber incluido en la amnistía ciertos supuestos del delito de terrorismo y del de malversación. Este último es por el cual acusa la Fiscalía a Jové, a quien le pide 7 años de prisión, así como 6 años a Salvadó, y inhabilitación de cargo público a la consellera Garriga.