El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que incluya los excargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la causa que instruye por presunta rebelión, sedición y malversación contra el Govern de Carles Puigdemont y miembros de la anterior Mesa del Parlamento.

Tanto Jové como Salvadó son aforados, son diputados del Parlamento de Catalunya. Su caso se mantiene en el juzgado 13 de Barcelona desde el inicio de la investigación de Santi Vidal y que acabó siendo una causa general contra el referéndum con casi 30 imputados. Barcelona investiga en paralelo lo mismo que investiga el Supremo hasta el punto de compartir informes de la Guardia Civil.

La causa se tendría que unificar, de hecho. No se puede investigar los mismos hechos en dos tribunales diferentes. Con todo, mantener la vía en paralelo es mantener también en libertad a los ex-altos cargos de gobierno y empresarios que están acusados de ayudar a salir adelante el 1-O.

Ahora el juez del 13 realiza esta petición, en una exposición razonada de 21 páginas, al considerar que los dos excargos del Gobierno pueden ser responsables de un presunto delito de rebelión porque, a su entender, "aceptaban plenamente la posibilidad de que para la consecución de sus fines se requirieran actos de violencia" al ir a la vía de la declaración unilateral.

En su escrito, el juez constata la "relevancia primordial en la preparación logística del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 y también económica en el diseño de la hacienda pública catalana" de estos dos políticos, integrantes del comité estratégico del proceso soberanista, según él.

Considera que, por su condición de aforados, al ser diputados en el Parlamento, la causa contra ellos solo puede seguir en el Tribunal Supremo en el caso de investigarlos por rebelión, y si no, tendrá que investigar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El caso Jové y Salvadó

Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre en la operación de la Guardia Civil ordenada por el juzgado de instrucción 13 para evitar la organización del 1-O, y actualmente están investigados en este juzgado.

Ramírez Sunyer expone en su escrito los indicios recogidos contra Jové y Salvadó en los registros que se efectuaron este día en sus domicilios y despachos, y cita el documento Enfocats con el plan soberanista y las agendas Moleskine de Jové, entre otras pruebas.

Entre otros indicios, alude a dos hojas manuscritas encontradas en el despacho de Salvadó con los títulos Escenari Guerra y Escenari Guerrilla, donde se contemplan dos posibilidades diferentes sobre las medidas a adoptar por el Govern según la intensidad de reacción del Estado, especialmente en el ámbito económico, según el juez.

Además, en el despacho de Jové se intervino un documento con anotaciones manuscritas que muestra su posición en el proceso soberanista "y que resulta determinante en los preparativos del referéndum", con anotaciones como: "Anuncio de la preparación del referéndum como contraataque catalán a la presión judicial. Yo anunciaría un proceso participativo y festivo en todo el país para fabricar urnas".

Al analizar el documento Enfocats, anotaciones y conversaciones intervenidas, el juez sostiene que existen "indicios suficientes sobre la participación de Jové en la ideación, desarrollo y ejecución de la 'hoja de ruta' hacia la independencia y la proclamación de un nuevo estado".

Concretamente, cita una conversación con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre la instalación de colegios electorales en Barcelona para el 1-O y otra con el entonces conseller de Salud, Toni Comín, que gestionaba los locales donde instalar colegios y que plantearon poder hacerlo en centros de atención primaria (CAP).

Sobre Salvadó, afirma que "no solo tenía puntual conocimiento de las actividades de su departamento, sino que resultaba un elemento imprescindible para la distribución, obtención y ocultación en la mejor forma posible de la financiación de todo lo relacionado con el procés, una financiación que se realizó a través de contratos marco generados en 2015, quedando así fuera del mayor control de la administración tributaria española del segundo trimestre del 2017.