Un joven de la Seu d'Urgell irá a juicio acusado de atentado contra la autoridad a raíz de una denuncia del Departament d'Interior por el corte de la N-260 durante la huelga general del 21 de febrero. El juzgado de instrucción 1 de la Seu, sin embargo, ha acordado archivar la causa contra otras seis personas que también investigaba por haber participado en los mismos hechos.
Por otra parte, los Mossos han incoado procedimientos sancionadores administrativos por manifestación no comunicada contra estas seis personas, que les podrían suponer multas de entre 600 y 30.000 euros para cada una de ellas. Desde el Grup de Suport de les 7 de la Seu y desde Alerta Solidària califican de "absurdo y mezquino el intento de Interior de seguir criminalizando, abriendo procedimientos sancionadores que contravienen la normativa de derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Estos colectivos han querido evidenciar, en rueda de prensa, que los motivos que los llevaron a manifestarse el 21 de febrero "no sólo continúan sino que aumentan en la Seu y en el resto del territorio". Los siete investigados han querido dar las gracias al gran número de muestras de apoyo que han recibido durante todas estas semanas y han pedido "estar atentas y participar en las movilizaciones y ayudar a llenar la caja de resistencia".