Juan Carlos I tiene diferentes frentes abiertos con la justicia esparcidos Europa. En paralelo a la investigación Suiza y lo que teóricamente investiga la fiscalía española de rebote, también está el caso británico por una demanda de su examante Corinna Larsen.
Hoy mismo se da el pistoletazo de salida: este lunes a las 10:30h (una hora más aquí), y mañana martes 7 de diciembre, se celebra la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia inglés. La demanda de Corinna ataca diferentes frentes. Por una parte, aspectos de reputación porque Corinna asegura haberse sentido atacada por Juan Carlos I. En el escrito de 32 páginas cita adjetivos como "ladrón" y asegura que el emérito lo había definido con esta palabra a sus amistades y círculos más íntimos ataduras a hombres de negocios. Esta primera consideración, asegura que rompió su imagen y reputación como "consultora empresarial".
El otro aspecto que amenaza en ser el punto más duro con combatir por Juan Carlos será la demanda por acoso. Corinna asegura que estuvo sometida a una "vigilancia y seguimiento ilegal" y también involucra el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia español, como parte implicada en la intervención de llamadas, registro de cuentas bancarias o seguimiento de mensajes por móvil. El punto álgido estuvo, según asegura la demandante, en la irrupción de un cuerpo en su casa de Chicknell Hall, situada a la población inglesa de Shropshire, justamente dos años después de la "donación" del emérito a su amante de 65 millones de euros.
El tercer capítulo es "el acoso por publicaciones", ligado también a la imagen de Corinna. Más allá de lo que decía en sus círculos íntimos, Juan Carlos también la habría intentado desprestigiar filtrante información de ella "totalmente falsa" de la mano de un equipo de asesores que "se dedicaban a hundirla". La examante asegura que la presión recibida empezó el año 2012 y "ha amenazado la seguridad" suya pero también la de sus propios hijos.
¿Qué dice la ley inglesa?
Por todo ello, el juez galés Justice Matthew Nicklin será el encargado de ejecutar esta demanda civil en la corte decimotercera de la Queen's Bench Division, que se ocupa de casos de alta relevancia judicial. La comparecencia está programada como una "Case management conference" (CMC), un tipo de vista en que el juez analiza los argumentos de las partes, identifica los puntos en disputa e intenta delimitarlos antes de la apertura del juicio. Nicklin es un experto en medios de comunicación y difamación y escuchará los argumentos de las dos defensas.
El juez Justice Matthew Nicklin / Fuente: Shu Law
La de Juan Carlos, es de las más prestigiosas. El emérito quiere ir seguro y ha contratado el bufete Clifford Chance y su gran carta es la inmunidad soberana con que cuenta como rey por haber sido jefe de Estado, hecho que "lo protege ante cualquier demanda civil o penal, también inglesa". Este será el aspecto clave que se tendrá que ver cómo se interpreta.
En el Reino Unido, el acoso (harassment) es tanto un delito penal como de acción civil. Los abogados de la examante han construido sobre esta infracción la parte central de su demanda, que busca una compensación económica por daños y perjuicios, sin cuantificar pero podrían ser decenas de millones de euros. Corinna también va fuerte. Su abogado principal es James Lewis, que ostenta la distinción de consejero de la Reina, de la cual disfruta un grupo reducido de letrados del Reino Unido. Lewis ha defendido en nombre del gobierno de los Estados Unidos, la extradición del periodista Julian Assange.
Los precedentes ya indican por dónde irá la argumentación. El pasado mes de enero, Corinna declaró como testigo en un juicio celebrado en Madrid contra el excomisario español José Manuel Villarejo. En su intervención, ya aseguró que recibió amenazas reiteradas del exjefe del Centro Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán: "Por descontado me aterrorizó. El hecho de que el jefe de seguridad viniera a visitarme en Londres ya era bastante escalofriante", afirmó. En paralelo, Corinna sigue imputada en la investigación que mantiene abierta en Suiza desde el 6 de agosto del 2018 al fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, por un presunto blanqueo de capitales agravado.
Fotografía de portada: imagen de recurso de Juan Carlos I y Corinna