La Fiscalía suiza cifra en 82,5 millones de euros los negocios que tenían en común el rey emérito Juan Carlos I y su examante Corinna Larsen en sociedades, cuentas bancarias y fundaciones. Estos ingresos provenían de Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, México y Marruecos.
Así consta en la documentación que el fiscal Yves Bertossa envió a la Audiencia Nacional, según ha informado La Vanguardia. Esta documentación, entregada en 2019, es la que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para abrir la investigación sobre los negocios de Juan Carlos I, investigación que ahora está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Movimientos investigados
Parte de estos 82,5 millones de euros fueron a parar a cuentas del rey Juan Carlos a través de fundaciones o derivados a Corinna Larsen mediante estructuras mercantiles del emérito. Entre los movimientos que hay bajo sospecha se encuentra el cobro por parte de Larsen de 4,1 millones de euros por unos presuntos trabajos en Kuwait y una donación del rey de Marruecos, unos terrenos valorados en 1,6 millones de euros. A estos movimientos se suman transferencias hechas desde cuentas donde Juan Carlos I había depositado fondos. La Fiscalía estudia pedir hasta diez años de prisión por blanqueo y soborno a Corinna Larsen.
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Larsen justifica el primero de los ingresos por su trabajo de facilitadora de contactos entre empresarios. La fiscalía, por su parte, destaca que esta transferencia se hizo días después de que Juan Carlos I visitara al emir de Kuwait, el 9 y 10 de noviembre del 2009. Fue aquel año cuando el todavía rey de España transfirió a una sociedad de Larsen cerca de 1,5 millones de euros para comprar dos apartamentos en la exclusiva localidad suiza de Villars.
Estructura a medida
Un año antes, en el 2008, Juan Carlos contactó con Dante Canónica y Arturo Fassana para, según el fiscal suizo, crear una estructura con la finalidad de recibir una donación del antiguo rey de Arabia Saudí. Fue entonces cuando se creó la Fundación Lucum para transferir 65 millones de euros. Años después, en el 2012, y a raíz del cambio de legislación en Suiza por evasión fiscal, el emérito se deshizo de todo el dinero haciendo una donación irrevocable a Larsen. La Fiscalía suiza sostiene que este dinero provenía de comisiones por las obras del AVE a La Meca.