Los tentáculos del rey emérito se extienden por un sin fin de tramas oscuras donde el dinero y las influencias juegan un papel fundamental. Ahora Público informa de cómo Juan Carlos I utilizó su influencia para interceder en el caso de Los Albertos, como son conocidos dos empresarios, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los cuales habían sido condenados por estafa por el Tribunal Supremo (TS). La presión del antiguo rey español sobre este caso provocó un enfrentamiento entre el Supremo y el Tribunal Constitucional (TC).
Para empezar hay que ponernos en antecedentes. Los empresarios, y primos, acabaron ante los tribunales por el caso Urbanor, el cual recibe el nombre de la empresa constructora que tenían en común. Los condenaron a principios de los 2000 por engañar a los socios minoritarios de la empresa sobre el precio de los terrenos donde se encuentran las Torres KIO (Madrid).
La justicia española en un primer momento mostró muy poco interés por perseguir a Los Albertos. En 2001 la Audiencia Provincial intentó declarar prescrito el delito de estafa que colgaba sobre las cabezas de Alcocer y Codina escudándose en que la querella que presentaron los afectados tenía un defecto de forma y aparcando el caso a la espera de que prescribiera. El intento torpe de la Audiencia fue frenado por el Supremo, que ratificó que el mero hecho de presentar la demanda detiene la cuenta atrás para que prescriba el delito. De esta manera los empresarios y primos acabaron con una condena en firme del Supremo de tres años y medio de prisión, la cual recurrieron al Constitucional y fue aquí donde la sombra del rey emérito apareció en la historia.
Admiradores y amigos del emérito
La última bala que les quedaba en Los Albertos para esquivar la prisión era presentar un recurso de amparo al Constitucional, el cual lo aceptó y asignó como ponente de la sentencia final al magistrado Pascual Sala Sánchez. "Pascual Sala era amigo de Juan Carlos I desde muchos años antes, y el rey lo presionó para que se pronunciara a favor de Los Albertos", ha asegurado una fuente anónima a quien ha tenido acceso Público. La misma fuente ha añadido: "Sala no veía ninguna posibilidad de modificar la doctrina establecida por el Supremo y así se lo indicó al soberano. No obstante, los primos se las ingeniaron para que les fuera asignado como letrado adjunto, encargado de redactar los fundamentos de la sentencia, un catedrático de Derecho Tributario que poco sabía de Derecho Penal, pero era un gran admirador del rey: Ángel Aguallo".
La fuente anónima ha asegurado que poca gente tenía fe en que Aguallo consiguiera entregar a los dos empresarios de la prisión, pero contra todo pronóstico así lo hizo. "Para sorpresa de casi todos los juristas, incluido Pascual Sala, Aguallo sí que fue capaz de encontrar una alambicada fórmula constitucional para aplicar la prescripción en el caso concreto de Los Albertos", ha asegurado.
Aguallo se utilizó como argumento que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva -el derecho a poder defenderse de forma justa ante los órganos judiciales- de los dos condenados. Este argumento convenció el Constitucional que absolvió a Los Albertos, pasando por encima de las competencias del Supremo.
Dos tribunales enfrentados
"La sentencia del Constitucional que los absolvió, sin poner en duda su culpabilidad, generó una auténtica conmoción en la Judicatura y la indignación del Supremo, porque entraba en un terreno que le correspondía exclusivamente al Alto Tribunal", ha asegurado la misma fuente anónima. La sentencia enfrentó a los dos tribunales. El Supremo acusó al TC de "vaciar de contenido" el artículo 123 de la Constitución (que asegura que el TS es el máximo órgano judicial en toda España, con la excepción de materias constitucionales), ya que consideraba que había entrado en su terreno de trabajo con la sentencia de Los Albertos.
Todo fue un estruendo judicial del cual ahora se sabe que Juan Carlos I estuvo implicado con sus presiones para que sus amigos no acabaran en la prisión por estafa. Aguallo quien tuvo un papel fundamental para alcanzar este objetivo recibió tres semanas después una plaza en la Sala Contenciosa-Administrativa del Supremo, desplazando con su nombramiento a otro jurista con más credenciales que él, según recuerda Público.