La presunta trama de corrupción que Juan Carlos I fue tejiendo por medio mundo durante sus 39 años de reinado (y más allá) tiene cada vez más episodios publicados, como si de una nueva serie de Netflix se tratara. Y es que las actividades irregulares del emérito ya no son sólo un asunto interno dentro del estado español; el verano de 2018 Suiza entró en juego.
Concretamente fue el fiscal de Ginebra Yves Bertossa quien inició una investigación (por iniciativa propia) que acabó abriendo la pieza P14783/2018 en la justicia del país helvético, también conocida como 'los papeles secretos de Ginebra'. Esta causa obligó la justicia española a actuar, y hasta ahora ya hay tres investigaciones abiertas sobre el emérito a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El fiscal suizo que se encarga de investigar la trama sobre Juan Carlos / Foto: Efe
Sin embargo, por muchos que sean los indicios de delito en los movimientos de Juan Carlos, hay factores que complican mucho la tarea de Bertossa, como es que el emérito es el exjefe del estado español (con todas las connotaciones políticas que eso comporta) y que en estos momentos se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Así pues, ¿cuáles son las opciones de Suiza para aclarar todo el entramado de donaciones millonarias, regalos lujosos y viajes por todo el mundo que ha protagonizado el exrey español?
Las opciones de Suiza
Paralelamente a lo que pase con las investigaciones españolas, que hay que tener en cuenta que nunca han llegado a buen puerto a causa de la inviolabilidad del personaje y de la fuerza del deep state, el fiscal suizo tiene la intención de llegar hasta el final. Los que lo conocen aseguran que estamos delante de un auténtico 'empollón del Derecho' que casi no sale de su despacho.
En declaraciones a ElNacional.cat, el periodista de investigación Sylvain Besson, que destapó en un artículo publicado en el Tribune de Genève los 100 millones que el Emérito habría escondido en Suiza provenientes de una comisión relacionada con el AVE en la Meca, comenta que la investigación suiza depende de los avances en España.
Acto de inauguración del AVE en la Meca / Foto: Consorcio Al Shoula
"La investigación en Suiza se basa en la hipótesis de que el contrato de tren fue fraudulento. Sólo España puede demostrar esto. Sin elementos que demuestren que esta corrupción es real, la investigación en Suiza se tendrá que cerrar en algún momento", explica. Besson añade que el procesamiento de Juan Carlos en Suiza requiere de la colaboración española.
Extradición o juicio en rebeldía
No opina así Frank Meyer, profesor de derecho de la Universidad de Zurich, que ve varias opciones si España decide no tirar adelante con las investigaciones. "Una opción es pedir la extradición del emérito, cosa improbable ya que por regla general los estados no acostumbran a extraditar a sus propios ciudadanos", apunta en declaraciones al portal Swissinfo.ch.
Sin embargo, Meyer añade que Suiza incluso podría llegar a emitir una orden de búsqueda y captura internacional, por la cual Juan Carlos podría ser detenido en el momento que pisara otro país si los Emiratos Árabes o España hicieran caso omiso de esta. Pero el mismo profesor ve improbable esta opción: "Suiza acostumbra a actuar normalmente con más cautela".
Sede de la justicia de Ginebra / Foto: WWHenderson20
La otra opción es la de celebrar un juicio en rebeldía, que podría acabar con una condena con pena pecuniaria (algo similar a una multa o a una compensación económica) y que el país helvético le hiciera cumplirla sin requerir la ayuda de España. Yendo un poco más allá, Meyer sostiene que este juicio sin la participación de Juan Carlos podría acabar con una solicitud de Suiza a España "de ejecución de la sentencia", en caso de que se hubiera dictado una pena de prisión.
En todo caso, cualquiera de estas opciones chocarían con la inmunidad del Emérito, que podría llegar a protegerlo también en el país helvético al considerarse "funcional", según apunta Meyer. Pero también añade que esta inmunidad no le ampararía por todo aquello que hubiera hecho después de su abdicación.
El papel de España
En el supuesto de que la justicia española siguiera con la investigación, como es evidente, se abrirían más posibilidades. De hecho, según el diario Público hay un acuerdo entre ambas fiscalías para repartirse las competencias: la española se ha quedado con Juan Carlos y los empresarios que forman parte de la trama saudí y la suiza con el resto de los implicados, donde está, entre muchos otros, la empresaria Corinna Larsen, receptora de los millones que vendrían de Arabia Saudí.
La exministra de Justicia Dolores Delgado es la máxima responsable de la fiscalía española / Foto: Europa Press
"Si la justicia española colabora, Bertossa podría viajar a España para tomar declaración a Juan Carlos allí o por videoconferencia", ya que el Emérito se encuentra en los Emiratos Árabes, pero se mantiene a disposición de la justicia, según su abogado.
Òmnium, en todos los frentes
Quien confía poco o nada en la ya triple investigación española es el otro actor importante en toda esta historia, Òmnium Cultural. En declaraciones a este diario, el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, ha calificado de "cortina de humo" los movimientos de la fiscalía, la cual, recuerda, es la que hizo condenar a nueve años de prisión por sedición al presidente de la organización, Jordi Cuixart. "Creemos que lo que quiere la fiscalía, igual que el Tribunal Supremo o el Gobierno, es protegerse entre ellos", añade.
De hecho, el mismo Mauri contrapone la actuación del estado español con la del helvético, recordando que en este último los tres poderes están investigando al emérito. Y es que Òmnium envió una petición al Consejo Federal -el gobierno suizo- para que bloqueara las cuentas de Juan Carlos.
Marcel Mauri y Jordi Cuixart / Foto: Europa Press
"También presentamos una petición a la fiscalía para que abriera una investigación criminal contra el rey emérito para que lo citara a declarar. Y estamos pendientes de que se celebre un pleno en el parlamento suizo donde precisamente el gobierno tiene que responder públicamente sobre todo lo que afecta al Rey. Además, quien hace la petición es el Partido Socialista, que forma parte del gobierno", explica.
Sobre el bloqueo de las cuentas, sin embargo, parece que habrá dificultades, ya que fue el mismo gobierno suizo quien dio una primera respuesta en que aseguraba que no se dan por ahora los requisitos para bloquear temporalmente los activos.
Y es que la legislación suiza sobre blanqueo de capitales habilita al gobierno para bloquear fondos de origen presuntamente ilícito bajo criterios muy específicos, como son que el gobierno del país de origen del investigado esté a punto de perder el poder, que el nivel de la corrupción sea "notablemente alto", que sea altamente probable que los bienes depositados en Suiza hayan sido obtenidos a través de la corrupción o la comisión de otros delitos, y que la defensa de los intereses internacionales del país helvético requieran su bloqueo.
Sede del Consejo Federal de Suiza / Foto: Flooffy
Igualmente, desde la entidad advierten que todavía queda mucho camino por recorrer y adelantan que tienen otras vías preparadas para activar, tanto en Suiza como em España, donde han presentado una querella sobre la cual decidirá el juez Manuel Marchena. En todo caso, Mauri reitera que tanto el Supremo como el mismo magistrado "tendrán que argumentar muy bien" si finalmente deniegan la querella "porque hay indicios claros de delito". Y más si tenemos en cuenta las tres investigaciones abiertas por la fiscalía y la presión que está ejerciendo Bertossa desde Ginebra para aclarar los hechos.
¿Cómo es el gobierno suizo?
Sea como sea, el profesor de Ciencias Políticas de la UPF Klaus-Jürgen Nagel aclara también en declaraciones a este diario que el Consejo Federal suizo "es un órgano colegiado que toma las decisiones a puerta cerrada y que habitualmente las presenta como decisiones comunes".
Porque aunque el Partido Socialista forma parte del gobierno, sólo cuenta con dos miembros. El resto del Ejecutivo está formado por el Partido Liberal Radical de Suiza (son liberales y tienen dos miembros), el Partido Popular Suizo (conservadores, un miembro), el Partido Popular Democristiano de Suiza (democristianos, un miembro) y el Partido Burgués Democrático (centroizquierda, un miembro).
Nagel también explica que la formación del ejecutivo responde a una política intensa de cuotas (partidos, género, cantones, habla, religión...) y que este "tiene menos poder que los ejecutivos de otras democracias, sean presidenciales o parlamentarias". Eso sí, la actual presidenta del Consejo Federal, aunque el profesor recuerda que "presidir no quiere decir mucho", es Simonetta Sommaruga, socialista y de habla alemana.