El rey emérito Juan Carlos I utilizó Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes, gastos de palacios, yates y viajes, según el diario Público. El rey emérito aprovechó la exención fiscal de Patrimonio Nacional para no pagar impuestos por donaciones valoradas en más de 100 millones de euros.

El mismo diario resalta que Juan Carlos I nunca ha pagado impuestos por los obsequios millonarios y donaciones que recibía gracias al hecho de que el gobierno de UCD aprobó la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional. Una ley que validó el PSOE el año 1987 con un reglamento que permite al monarca recibir donaciones ilimitadas para su uso personal y disfrutarlas sin condiciones ni plazos para que pasen al Patrimonio Público.

Una ley que todavía sigue en vigor hoy día, hecho que ha comportado que Juan Carlos no haya tenido que pagar impuestos por todos los bienes que ha recibido, al ingresarlos en el Patrimonio Nacional aunque solo los disfrutaba él. El diario cita ejemplos como la finca de La Mareta, en Canarias, o los yates Fortuna II y Fortuna III. También la colección de coches de alta gama que marcas como Ferrari, Porche o Nissan le habían enviado.

Público subraya que la Casa Real nunca ha confirmado el total de donaciones que Juan Carlos I habría recibido y disfrutado, aunque es posible que fácilmente se supere la cifra de los 100 millones de euros.

Reformas en el palacio de Corinna

El mismo digital resalta que Patrimonio Nacional siempre se ha hecho cargo también con fondos propios del mantenimiento o rehabilitación de los bienes, así como de los salarios de los más de 100 asistentes personales de la familia real a la Zarzuela. Además, también relata que se ha hecho cargo de los gastos generados por numerosas amantes del rey emérito, especialmente por Marta Gayá, Bárbara Rey y, sobre todo, Corinna Larsen.

De hecho, el año 2008, Juan Carlos I encargó una reforma integral de La Angorrilla para que se instalara allí su amante y socia. Corinna habría decidido las mejoras y supervisado las obras. Él habría estado de acuerdo.

El caso de Los Albertos

Hace unas semanas, también el diario Público informaba de cómo Juan Carlos I utilizó su influencia para interceder en el caso de Los Albertos, como son conocidos dos empresarios, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los cuales habían sido condenados por estafa por el Tribunal Supremo (TS). La presión del antiguo rey español sobre este caso provocó un enfrentamiento entre el Supremo y el Tribunal Constitucional (TC).

Los empresarios, que son primos, acabaron ante los tribunales por el caso Urbanor, el cual recibe el nombre de la empresa constructora que tenían en común. Los condenaron a principios de los 2000 por engañar a los socios minoritarios de la empresa sobre el precio de los terrenos donde se encuentran las Torres KIO (Madrid).

 

Imagen principal: el rey emérito Juan Carlos I / Europa Press