La fiscal ha sido la primera batalla de la guerra electoral que nos espera para el 2023. Y en toda pugna, utilizar Catalunya y sus empresarios como arma arrojadiza siempre da juego. La rebelión fiscal de Isabel Díaz Ayuso, heredera de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz – Gallardón, ha encontrado soldados de confianza: el andaluz Juanma Moreno, que ha abierto el melón, el gallego Alfonso Rueda, que ha ido a rueda, y el murciano Fernando López Miras, que pronto se pondrá en ello. Son las comunidades autónomas icónicas del Partido Popular – por peso demográfico, económico y político – que desafían y desequilibran el sistema de financiación autonómica – que es el que tiene que permitir rectificar los desajustes - y atentan contra el manoseado concepto de solidaridad territorial. Ellos que son unos habituales de clamar y denunciar el despliegue de las que llaman leyes ideológicas pero a menudo se olvidan de que no hay nada más ideológico que decidir a quién le toca arremangarse más o menos. Bajar o subir impuestos y determinar a quien se lo aplicas es una decisión ideológica a todas luces. Además, en este pugna fiscal a la baja también se huele una competencia entre los territorios del PP. Díaz Ayuso ya no es el único azote del gobierno central. Juanma Moreno y Alfonso Rueda, dos mayorías absolutas, miran a la madrileña de tú a tú. Madrid, Andalucía y Galicia bonifican al unísono el impuesto de Patrimonio y suben el carro del dumping fiscal después del perjuicio que ha provocado la pandemia y ahora la guerra en Ucrania en los servicios público.
Vale la pena recordar qué es el llamado dumping fiscal, que Gabriel Rufián intentó regular a través de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Tal y como contaba Nicolas Tomás hace dos años en ElNacional.cat, es la competencia desleal aplicada en el ámbito fiscal. Poniendo más letras, implicar rebajar el precio de un producto – aquí se aplica a los impuestos – para situarlo por debajo del precio de mercado y, en este caso, la consecuencia final es hacerse con buena parte del mercado y eliminar la competencia. En el caso que nos ocupa se utiliza en el margen que tienen las comunidades autónomas sobre la tributación. De esta manera, Madrid, Galicia y Andalucía aprovechan la porción de decisión que tienen en sus manos para generar diferencias con otras comunidades, erigiéndose como territorios fiscalmente atractivos para grandes fortunas y empresas y hacer decantar la balanza a su favor. De paso, hurgan en la posición de otras comunidades, como Catalunya, y desatienden responsabilidades que tienen con sus conciudadanos.
El puente Madrid - Sevilla
Y Madrid se puede permitir no recaudar menos dinero de los grandes patrimonios porque sabe que tiene el viento a favor, entre otros, por el efecto capitalidad. La capital española tiene las mejores comunicaciones, un sistema de alrededores que funciona, interconectada con el resto de regiones, la mayoría de sedes de la administración estatal, un grueso importante de funcionarios – que están muy bien pagados - y una presión fiscal baja (Patrimonio, IRPF, Sucesiones y Donaciones) que es miel en los labios de las grandes rentas. Según el estudio Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales de Julio López Laborda y Fernando Rodrigo (2017), "las diferencias en los impuestos autonómicos influyen significativamente en la elección de la comunidad de residencia por los grandes contribuyentes ubicados en la parte más alta de la distribución de la renta". Y añade: "la movilidad ocasionada por las diferencias en el IRPF parece dirigirse sólo a la región de Madrid". El efecto "aspiradora" que hace meses que denuncia el valenciano Ximo Puig.
El caso más perverso es el andaluz. Históricamente, la comunidad más poblada de todo el Estado es la que recibe más dinero en términos absolutos, en relación con lo que aporta al Estado. Desde 2014 tiene un saldo fiscal positivo de más de 7.000 millones de euros. Por eso se hace difícil de entender este ejercicio de contorsionismo fiscal y la obstinación de Juanma Moreno "para medirse con los mejores", entrando en competición directa con Díaz Ayuso. Andalucía libera las rentas altas, se beneficia de la red de solidaridad y pica a la puerta de los contribuyentes catalanes. ¿A caso no es eso vestir a un santo para desvestir a otro? Aquí solo saldrá beneficiado el 0'2% de los andaluces que se ahorrarán el impuesto de patrimonio. Eso es tanto como desear que al vecino de escalera le entren a robar cuando a Catalunya en el reparto sale perjudicada. Del saldo positivo al déficit fiscal, que ha denunciado esta semana el conseller Jaume Giró.
El caso es que la maquinaria electoral se ha activado de forma explosiva; nos tendremos que acostumbrar a ello porqué la travesía se hará larga. De alguna manera o de otra los que intentan retorcer el reparto fiscal, ponen todas las facilidades del mundo a las grandes fortunas y, de paso, ponen a punto de mira los empresarios catalanes, incluso planteándose abrir oficinas de captación a Catalunya. Aprovechar el sistema territorial para ganar contribuyentes en perjuicio de otra zona, una especie de mercado persa. Lo que demuestra es que en España no implica ningún tipo de castigo hacer malabares con los impuestos, hacer masajes a los que más tienen poder adquisitivo olvidando las obligaciones que tienen con los servicios públicos de sus territorios.
El PSOE entra en la disputa
Y ahora que venden elecciones, la Moncloa también ha bajado de lleno al barro de la disputa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha arremangado de lo lindo esta semana. Primero enterrando la pulsión recentralizadora de su colega Jose Luís Escrivá y después confirmando el giro a la izquierda del PSOE proponiendo un impuesto a las grandes fortunas como réplica a la OPA de los barones del Partido Popular. El contexto es idóneo para Pedro Sánchez, en plena campaña por el "gobierno de la gente". La figura impositiva que quiere aplicar a partir del 1 de enero de 2023 es una carta poderosa para marcar territorio ante la expansión incipiente del proyecto político Sumar, de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que se vanagloria de ser un espacio transversal e inclusivo a la izquierda. Dicho de otra manera, alejándose de los postulados más exagerados de Podemos. Estos gestos – de momento gestos y anuncios - sirven a los socialistas para apuntalar el discurso que reniega del poder de los poderosos y que beneficia las clases bajas y medias. En la Moncloa se colocan, se reubican en las posiciones en el arranque preelectoral. Pero por el camino quedará la tanto citada reforma del sistema de financiación, que está congelada y que, a la vista de los hechos, se está demostrando poco eficaz y desfasada. El gobierno confía en que, llegado el debate, pueda reformarlo con consenso de todas las autonomías. ¿Alguien cree que las del PP no plantarán cara?