La apertura del año judicial, que se ha celebrado este jueves en el salón de plenos del Tribunal Supremo (TS), es un espacio ideal para que los jueces tomen partido bajo los focos. Acostumbrados a la discreción, es un día de posicionamientos y denuncias que sirven para marcar perfil ante la opinión pública. Como hace cinco años que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene el mandato caducado, la cúpula judicial aprovecha la ocasión para suplicar al PP y al PSOE que se pongan de acuerdo de una vez por todas para renovar sus miembros. La parálisis política entorpece el funcionamiento de la justicia y el expresidente del TS, Carlos Lesmes, dejó el cargo harto de la inacción del poder legislativo. Este año, su sustituto provisional, Francisco Marín, ha seguido fielmente su estela y ha hecho el enésima llamamiento a la renovación delante de una panorama que ha considerado "desolador".
En los posicionamientos públicos había un elefante en la habitación. Un elefante de grandes dimensiones. Nadie lo ha citado, pero todo el mundo sabía que estaba. En los pasillos, a los jueces españoles se les ha requerido el punto de vista sobre la eventual ley de amnistía que Junts per Catalunya ha puesto en medio del tablero político para garantizar el apoyo de Junts a la posible investidura de Pedro Sánchez. Todavía faltan muchas pantallas por superar, pero la judicatura observará con lupa lo que pueda acordar el Congreso sobre una ley que supondría borrar los delitos derivados del procés independentista, en un alcance todavía por determinar. Unas causas que el independentismo considera "injustas".
Si se acaba aprobando la norma impactaría de lleno en el Tribunal Supremo, fuente principal de la judicialización del procés por la condena contra Oriol Junqueras, cinco miembros del gobierno del 1-O (Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn), los activistas independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixat, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Del alto tribunal también depende la persecución todavía vigente contra el ejecutivo en el exilio: Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. De hecho, una posible ley de amnistía dejaría a cero el contador judicial de las causas abiertas a los juzgados, liberaría de toda carga delictiva a los acusados por hechos relacionados con el procés y, en el caso del exilio, haría caer cualquier orden de detención nacional e internacional.
El riesgo de un "indulto anticipado"
En este contexto, hay preocupación por el encaje jurídico que podría tener una norma de estas características porque conviene recordar a los jueces que lleven procesos todavía abiertos serían los responsables de aplicarla de oficio. A la espera de que el poder legislativo mueva ficha, la cúpula judicial española evita riesgos a la hora de valorar textos legislativos que todavía no han salido del horno. Fuentes próximas a las salas que judicializan el procés sí que avisan de que, si sale adelante, se la estudiarán a fondo para observar hasta qué punto el redactado individualiza casos concretos, con el riesgo de que eso suponga "un indulto anticipado". "Habrá que analizarlo bien", dicen dejando entender que la redacción tendrá que ser quirúrgica.
A pesar de ser un concepto tabú en la vida política española y mientras no hay ningún texto encima de la mesa, algunos jueces bien posicionados en la judicatura admiten que se han leído atentamente tanto la ley de amnistía de 1977 como la proposición de ley orgánica que Junts y ERC registraron en el Congreso en marzo del 2021. Y advierten que hay "diferencias notables" entre una y la otra, sobre todo con respecto al contexto histórico y la justificación. Si bien recuerdan que la de la Transición se aprobó "sin Constitución" dejando atrás una dictadura, señalan que la de 2021 era una "proposición de máximos" que, a su entender, tenía un valor reivindicativo muy alto y que los los impulsores eran conscientes de que sería rechazada, tal y como pasó en la Mesa.
El gran debate jurídico a estas alturas es si una eventual ley de amnistía tendría encaje dentro de la Constitución. Mientras el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha esquivado este jueves cualquier apelación directa, fuentes del Supremo han recordado que los tribunales que mantienen abiertas procedimientos judiciales por el procés tendrían la potestad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad al TC si dudan de que encaje dentro de los preceptos de la Carta Magna. El planteamiento de la cuestión haría suspender provisionalmente las actuaciones en el proceso judicial hasta que el TC se pronunciara sobre la admisión y, de ser admitida, hasta que se resolviera definitivamente. Por lo tanto, los jueces tendrían la capacidad de aplazar la aplicación.
Sin prisa para Puigdemont
Entre los pasillos, hay un nombre que resuena con fuerza desde 2017, el de Carles Puigdemont. Y ahora por doble motivo porque, al margen de exigir la amnistía, el Supremo está esperando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre su inmunidad y la de Toni Comín antes de decidir si pone en marcha otra oleada de euroórdenes. Las tiene en el congelador y la percepción que tienen en el Supremo es que los tribunales europeos no tienen prisa para resolver el enredo, dado que también observan con atención cómo se resuelve la investidura y la amnistía que podría abrir paso. ¿Para qué insistir si los implicados pueden ser amnistiados? En este escenario, el Supremo receta prudencia a la espera de que haya avances.