Las asociaciones españolas de jueces y fiscales han cargado contra el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, al considerar que puede "romper la separación de poderes" y poner en riesgo la independencia judicial. En especial, han puesto el foco sobre "las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias", que consideran "inaceptables", ya que apuntan que estas traslucen "desconfianza" hacia el "funcionamiento del poder judicial". El acuerdo ha sido suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
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Jueces y fiscales denuncian una "intromisión en la independencia judicial"
Los jueces y fiscales dicen que "el texto del acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política", lo que, advierten, podría llevar a tomar "acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Denuncian que esta práctica, implicaría "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales", lo que implica una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".
En este sentido, las asociaciones judiciales defienden que "los jueces deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley", y recuerdan que "el poder judicial en España es independiente y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales".
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que el acuerdo "es muy grave" y supone implícitamente "un golpe de gracia al sistema constitucional español", y la ley de amnistía, "una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts". En cuanto a las comisiones de investigación para analizar posibles casos de lawfare, ha valorado que son "lesivas para el Estado de Derecho", aunque "consecuentes" con la idea de que el Estado persiguió de forma "ilegítima" determinados delitos. "Los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar", ha defendido. Viada sí que ha reconocido que existe "politización" en el poder judicial, pero ha apuntado al PSOE o a Junts como responsables de que exista.