La élite de la judicatura española —el Supremo, el Poder Judicial, la Audiencia Nacional— está inquieta y cabreada. Esos sismógrafos del estado profundo que son las portadas del Trío de la Bencina llevan días registrando los temblores y abren con el mismo cuento: el gobierno español abandona y deja desprotegidos a los jueces, que hace un mes que reciben hasta en el carnet de identidad. Los gemidos arrancan del acuerdo entre el PSOE y Junts, que reconoce la existencia de guerra judicial (lawfare) contra el independentismo. Pedro Sánchez lo remachó ampliando el concepto, al calificar de lawfare las operaciones del ministerio del Interior Jorge Fernández Díaz en comandita con la "policía patriótica" del excomisario José Manuel Villarejo.
La lista de casos y protagonistas de lawfare es larguísima. Podrían incluir desde la conjura de Daniel de Alfonso hasta las sentencias que regulan la enseñanza del castellano y del catalán, firmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el papel del Parlamento y del Departament d’Educació (la ONU se ha preocupado por este asunto, por cierto). Y cada día que pasa aparecen más casos. Este jueves se ha sabido que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón —promovido y patrocinado por los gobiernos del PP—, ordenó la intervención total de los móviles de unas 40 personas del entorno independentista, entre otros los exdiputados David Fernández y Albano Dante Fachín. Incluso la fiscalía pidió pararlas porque no había nada. Antoni Bassas explica un par de anécdotas sensacionales sobre los informes de esas escuchas, en la misma línea cómica de la Guardia Civil incorporando al caso Tsunami el Concert de Sant Esteve en el Palau de la Música por los gritos de independencia.
Al abrigo de la persecución policial y judicial del independentismo, una parte influyente del kommentariat español dejaba ir sin vergüenza (Pablo Llarena, presidente) el nombre del instructor de la causa contra el 1-O como una opción para encabezar el gobierno de España. También se alababa a la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, como "la única referencia de poder real, efectivo y eficiente" ante el "fracaso gubernamental" a la hora de domar Catalunya y detener al independentismo. Pues no hace ni dos días, estos dos faros del Estado han sido tildados en el Congreso de los Diputados de "personas indecentes" que "tendrían que ser destituidos y juzgados", en palabras de la jefa del grupo parlamentario de Junts, Míriam Nogueras.
Se ha visto al ministro Fèlix Bolaños correr a apaciguar a la élite de los jueces españoles, que hacían aspavientos de indignación pomposos y solemnes. Poca cosa más, sin embargo: no se han visto grandes manifestaciones masivas de solidaridad con sus ilustrísimas. Al contrario, hay grupos parlamentarios que quieren hacer pasar a los jueces mencionados y otros, por las comisiones de investigación sobre la represión y el espionaje al independentismo. El cabreo judicial no debe ser menor y de ahí las portadas que este sábado publican El Mundo ("Los jueces avisan al Congreso: no pueden ni 'admitir que los citen'"), ABC ("Malestar en el Supremo por la falta de apoyo del gobierno [español]") y La Razón ("EL CGPJ clama por las comisiones de investigación y pide que dejen en paz a los jueces").