La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han exigido hoy al Gobierno español que asuma ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del "procés", Pablo Llarena, a la vez que PP y Ciudadanos han mostrado su apoyo al magistrado y han criticado la posición del Ejecutivo ante el caso.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró ayer que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena del president Carles Puigdemont y los cuatro consellers que se fueron con él a Bélgica, pero dejó claro que el amparo legal y el apoyo al juez, que debe comparecer el día 4 de septiembre, le corresponde al propio Poder Judicial.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales han acusado al Ejecutivo de "dejación de funciones".

Han exigido al Gobierno que asuma la defensa de Llarena ante la justicia belga a la vez que han defendido la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada por los tribunales de un país extranjero "valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley".

Además, han recordado que en un informe de la Abogacía del Estado de hace unos días se entendió que "concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto".

Los fiscales, también

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha considerado en un comunicado que el Estado debe personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

La UPF ha ratificado su compromiso en la defensa de la "soberanía e independencia de la jurisdicción española" y ha calificado de "absolutamente inasumible" y "completamente improcedente el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones".

La soberanía española, en cuestión

Según varias fuentes jurídicas consultadas, lo que realmente se está cuestionando es la jurisdicción y la soberanía española y sostienen que la demanda se refiere a la actividad jurisdiccional del magistrado y no a cuestiones privadas ni a declaraciones vertidas en su condición de ciudadano.

No se trataría, por tanto, de defender a Llarena, sino a la propia nación y las mismas fuentes precisan que es imposible separar la función jurisdiccional de este juez del Tribunal Supremo como instructor de la causa -en la que están procesados los cinco líderes independentistas huidos que le demandaron- de las manifestaciones que le atribuyen en la demanda.

Desde los partidos, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha referido hoy al asunto afirmando que "Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez".

Asimismo, ha anunciado que su partido promoverá acciones de apoyo a Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle.

También el presidente de la Comunidad de Madrid, el 'popular' Ángel Garrido, ha acusado al Gobierno socialista de "dejar tirado al juez que defiende la Constitución frente a los golpistas".

A través de su cuenta en Twitter, Garrido ha escrito: "este es el orden lógico de las cosas para el Gobierno socialista: en primer lugar, recibir con honores en Moncloa a quien apoya a los golpistas fugados -en alusión al presidente catalán, Quim Torra- y, en segundo lugar, dejar tirado al juez que defiende la Constitución frente a los golpistas".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que su partido está "muy decepcionado" con el Gobierno por "no prestar defensa" al juez Llarena en Bélgica, asunto por el que van a exigir una comparecencia "inmediata" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a través de su cuenta de Twitter, ha recalcado: "Sánchez abandona a quienes defienden al Estado en Cataluña".

"El alquiler de Moncloa es demasiado caro para España: un Gobierno interino claudicante ante los supremacistas que dieron un golpe de Estado contra nuestra democracia. Los españoles deben tomar la palabra", ha añadido Rivera junto a la etiqueta #Elecciones ya.