Un total de 21 jueces y juezas de instrucción de Barcelona se han adherido este jueves al comunicado de entidades judiciales españolas en contra de la ley de amnistía. Según un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, este jueves se ha celebrado en la Ciutat de la Justícia una junta a la que estaban convocados los 33 jueces y juezas de instrucción que hay en Barcelona. Uno de los puntos del orden del día que han tratado ha sido la adhesión al comunicado crítico contra la ley de amnistía negociada entre el PSOE y los partidos independentistas. Mañana viernes se celebra una junta de la Sala de Gobierno del TSJC, donde también se ha incluido en el orden del día votar la adhesión al frente antiamnistía.
De los 33 jueces que integran la junta, solo han asistido 24 y de estos 21 han votado a favor de añadirse al comunicado crítico, mientras que una persona se ha posicionado en contra y dos se han abstenido. Los 21 jueces de instrucción han seguido los pasos de la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, que ya se había sumado al comunicado que dice 'no' a perdonar a los independentistas. Esta semana han sido varias las iniciativas judiciales en contra de la amnistía que se han celebrado para presionar al PSOE.
Entidades de jueces y fiscales en contra de la amnistía
Hace solo una semana, las asociaciones españolas de jueces y fiscales cargaron contra el acuerdo cerrado el pasado jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, al considerar que puede romper la separación de poderes" y poner en riesgo la independencia judicial. En especial, hacían hincapié en "las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias", que consideran "inaceptables", ya que afirman que traslucen "desconfianza" hacia el "funcionamiento del poder judicial".
El acuerdo lo suscribieron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Los jueces y fiscales dicen que "el texto del acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política", lo que, advierten, podría llevar a tomar "acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Denuncian que dicha práctica implicaría "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y fallos judiciales", lo que implica una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".
En este sentido, las asociaciones judiciales defienden que "los jueces deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley", y recuerdan que "el poder judicial en España es independiente y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales".
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, denunció en declaraciones en Europa Press que el acuerdo "es muy grave" y supone implícitamente "un golpe de gracia al sistema constitucional español", y la ley de amnistía, "una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts". Con respecto a las comisiones de investigación para analizar posibles casos de lawfare, valoró que son "lesivas para el estado de derecho", aunque "consecuentes" con la idea de que el Estado persiguió de manera "ilegítima" determinados delitos. "Los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar", ha defendido. Veteada sí que ha reconocido que existe "politización" en el poder judicial, pero apuntó al PSOE o Junts como responsables de que exista.