Los jueces y magistrados de Navarra han pedido la "dimisión inmediata" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las manifestaciones realizadas este lunes referentes al juez que emitió su voto particular en la sentencia del caso la Manada, que consideran "especialmente escandalosa".

El ministro Catalá ha comentado que "todo el mundo sabe" que el juez que dictó un voto particular en el caso de la Manada, Ricardo González, tiene "algún problema singular" y opina que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que actuar "preventivamente".

El comunicado remitido este lunes con ocasión de la sentencia conocida el jueves pasado que condenó los cinco miembros de la Manada a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual está firmado por los jueces y magistrados de Navarra y de las secciones territoriales de las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

A la nota, los jueces y magistrados señalan que "especialmente escandalosa resulta la actitud del ministro de Justicia, señor Catalá, único ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabe que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado signatario del voto particular 'tiene algún problema singular que todo el mundo conoce'".

En su opinión, "estas manifestaciones que no tienen cabida en el cumplimiento responsable de su función como ministro de Justicia tendrían que provocar su dimisión inmediata".

"Con respecto a las instituciones"

Los jueces afirman que "el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la ley y a la aplicación que llevan a cabo los jueces y magistrados que integramos el poder judicial, que es fundamental en una sociedad democrática la confianza y el respeto hacia las instituciones".

Según continúan, "como integrantes de uno de los tres poderes del Estado, las decisiones de jueces y magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones".

Afirman que "la independencia judicial garantiza la sumisión de jueces y magistrados únicamente al imperio de la ley, ley que emana del pueblo a través del poder legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esta ley y actuar movidos por prejuicios, juicios paralelos o presiones, cuando es mucho más importante garantizar este respeto a la ley que los reproches sociales que nuestra tarea puede provocar, ya que sólo de esta manera garantizaremos el funcionamiento del Estado de Derecho". "Este con respecto a la ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones que cada día se dictan en los juzgados a que los ciudadanos acuden a resolver sus controversias", manifiestan.

"Comprensible" que no se entienda

A su juicio, "es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo que se ha resuelto por la Audiencia provincial". "Es admisible, e incluso deseable, que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de estos preceptos a la actual realidad social, tarea que tiene que llevar a cabo el poder legislativo de quien emanan las leyes que los jueces aplicamos", indican.

Los jueces y magistrados de Navarra añaden, no obstante, que "el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con estas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de los que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia".

Afirman que la sentencia de la Audiencia provincial en lo referente a los cinco integrantes de la Manada, "después de la celebración de un juicio regido por los principios constitucionales de defensa y contradicción", ha llevado a cabo "un minucioso análisis de las pruebas practicadas, ha consignado unos hechos declarados probados y ha concluido una calificación jurídica conforme a una extensa motivación".

"Esta calificación jurídica, muy compleja por otra parte, puede compartirse o no, y por este motivo nuestro sistema prevé también un régimen de recursos que permita revisar lo que se ha resuelto y mantenerlo o modificarlo", manifiestan, para añadir que todavía dos órganos superiores, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "podrán revisar todas aquellas cuestiones respecto de las cuales exista desacuerdo".

Aseguran en el comunicado que "el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales. Esta obligación es especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno español".

Por eso, afirman que "resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar el poder judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones sin rigor".