El jurista Josep Costa ha reaccionado a la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que ha confirmado que las euroórdenes contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí están suspendidas a raíz de la cuestión prejudicial que el juez instructor Pablo Llarena presentó en Luxemburgo, insistiendo en que hay jueces españoles que "ya están en terreno polaco". Costa ha hecho alusión de esta manera a la vigilancia que realiza la UE en Polonia, por la politización de su poder judicial y su falta de respeto al estado de Derecho.
"El Tribunal de Luxemburgo ha dicho hoy que los tribunales españoles se han situado fuera de la ley europea, manteniendo activas unas euroórdenes que tienen que estar suspendidas. Llarena, Marchena, y todos los magistrados del Tribunal Constitucional que les han dado cobertura, ya están oficialmente en terreno polaco", ha asegurado el que fue vicepresidente del Parlament.
El vicepresidente del TGUE ha asegurado en la resolución de que el proceso penal está suspendido hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la petición de las cuestiones prejudiciales, y que eso es consecuencia directa del planteamiento de la citada petición y no necesita una decisión específica del Tribunal Supremo al respecto.
El TGUE avisa que el Supremo conocía esta situación de suspensión y que "sus efectos son vinculantes para las autoridades nacionales incluidas las judiciales, sin necesidad de decisión específica por su parte". No obstante, cuando Puigdemont fue detenido en L'Alguer, el Supremo aseguró que la euroorden seguía vigente y pidió la extradición del líder independentista.
En este sentido, el Tribunal General de la UE advierte que "en virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales deben tener en cuenta la suspensión del proceso penal y de la ejecución de las euroórdenes de detención" contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Cuando se aprobó el suplicatorio en el Parlamento Europeo, el TGUE ya había desestimado unas medidas provisionales en el mismo sentido y con el mismo argumento sobre la suspensión de las euroórdenes. Aseguró que esta suspensión impedía que ni las autoridades belgas ni ningún otro estado miembro pudiera ejecutar las euroórdenes.
Ahora se reafirma en estas afirmaciones, subrayando que el desenlace de la detención en L'Alguer confirma que los tres eurodiputados independentistas no corren el riesgo de ser entregados a las autoridades españolas en esta fase, mientras no se ha resuelto la cuestión prejudicial.
Ante la advertencia de los eurodiputados de que a pesar de todo pueden ser detenidos o verse sometidos a restricción de libertad de circulación o incluso ser extraditados y encarcelados, por lo que pueden sufrir un perjuicio grave e irreparable, el vicepresidente insiste que la detención por sí sola no es un perjuicio grave e irreparable. Que para serlo tendría que menoscabar el derecho de los diputados a ejercer libremente su mandato parlamentario y el buen funcionamiento del Parlamento.
"Según se indicó en el primer auto de medidas provisionales, los diputados siguen disfrutando de la inmunidad en sus desplazamientos al lugar de reunión el Parlamento, de manera que sigue siendo hipotético el perjuicio grave e irreparable ocasionado por su detención", insiste.