El jueves y el viernes de esta semana hay dos vistas en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en Luxemburgo, en las cuales se dirimirá si los eurodiputados en el exilio Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pueden mantener su inmunidad parlamentaria y si se anula el procedimiento de súplica abierto en el Parlamento Europeo para levantarles esta protección y permitir su entrega al Estado español; todo y que como viven en Waterloo, los tribunales belgas también tendrán que decir la suya. Son dos sesiones primordiales, y que según la defensa del presidente Puigdemont podrían ser el primer paso para que pudiera volver a Catalunya con la protección europea. Los principales datos de las vistas de los próximos 24 y 25 de noviembre son:
¿Qué se dirime en las dos vistas?
La demanda del caso T-115/20 se analizará el jueves en el TGUE. En este procedimiento, los eurodiputados Puigdemont y Comín solicitan que se anule la decisión del entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, del 10 de diciembre de 2019, de no comunicar al pleno y remitir a la comisión competente la demanda de amparo de su inmunidad, que en su nombre presentó la eurodiputada de ERC Diana Riba, en octubre de hace tres años. En concreto, se quiere anular la decisión de Sassoli (el cual sí que los reconoció como eurodiputados a raíz de la sentencia del caso Junqueras del TJUE), de no plantear la defensa de su inmunidad ante las euroórdenes del 14 de octubre de 2019 y del 4 de noviembre de 2019 por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
En la segunda vista, del viernes, con el número del caso T-272/21, se considera la más importante. Se analizará la actuación de la comisión parlamentaria que accedió al suplicatorio pedido por el juez Llarena para levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, la comisión de Asuntos Jurídicos. La defensa del exilio sostiene que el presidente de la comisión Adrián Vázquez, eurodiputado de Cs, actuó con falta de imparcialidad. El exilio pide la anulación de este suplicatorio.
¿Qué tribunal del TGUE analizará las demandas?
Los magistrados de la sala sexta del TGUE ampliada son los que analizarán los reclamos de los políticos catalanes en las dos vistas. Son: Maria José Costeira (Portugal), presidenta de la sala; Mariyana Kancheva (Bulgaria) Ulf Öberg (Suecia), Peteris Zilgalvis, y Eliusabet Tichy-Fisslberger (Austria).
¿Quién intervendrá en el litigio?
Las partes principales en el litigio son los políticos catalanes en el exilio y el Parlamento Europeo. El Estado español también intervendrá, pero como parte adherida o subsidiaria. El tribunal ha dado entre quince y veinte minutos a las partes para que intervengan, y después les harán preguntas. Este debate es la parte más importante porque se ve el posicionamiento o las dudas del tribunal. El equipo de los de abogados de los políticos en el exilio está formado por Paul Bekaert, Gonzalo Boye y Simon Bekaert. El Parlamento Europeo estará representado por N. Lorenz, N. Görlitz y J.C. Puffer. Y el Reino de España por la abogada del Estado Andrea Gavela Llopis.
¿Ha hecho preguntas el tribunal a las partes?
Sí. Para la sesión del viernes, el tribunal ya pidió una pregunta concreta al representante del Parlamento Europeo, que es: ¿En alguna otra ocasión el Parlamento Europeo ha sacado la inmunidad a un eurodiputado en los mismos términos? Es decir, lo mismo que se quiere hacer con Puigdemont, Comín y Ponsatí. El equipo de abogados que encabeza Boye ha analizado más de 160 suplicatorios desde 2018 y sostiene que no han encontrado un caso igual como la de los políticos catalanes en el exilio.
¿Cuáles son los ejes de la defensa?
El equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí ha preparado ocho grandes áreas para destapar la "incongruencia abusiva" ejercida por la comisión de Asuntos Políticos de la Eurocámara para sacarles la inmunidad parlamentaria. En este procedimiento, se sostiene que no se ha respetado el principio de buena administración que tiene que regir en toda institución pública. Un punto principal será destacar la "falta de imparcialidad" del presidente de esta comisión, así como del ponente.
Por el exilio es clave insistir en la vulneración del juez predeterminado por la ley, ya que en la causa del procés independentista se considera que el Tribunal Supremo, y en concreto el instructor Pablo Llarena, no son los que indicados por la ley para investigarlos y juzgarlos. Precisamente, los independentistas condenados por el Supremo e indultados el verano del 2021 por el Gobierno han expuesto esta vulneración de derechos fundamentales en sus demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sostienen que para los catalanes aforados la competencia para juzgarlos es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y para los no aforados, juzgados ordinarios de donde viven o de donde pasaron los hechos, en este caso sería Barcelona, donde está el Parlamento. Hay que ver qué tribunal sería el competente para juzgar eurodiputados en el caso del 1-O. El equipo de Boye añade que si se ha vulnerado el juez predeterminado por ley, también hay falta de competencia en las euroórdenes de detención. El exilio ha aportado más de 130 anexos y 10.000 documentos en esta demanda al TGUE contra tres resoluciones.
La persecución política del Gobierno a los políticos en el exilio, y especialmente al presidente Carles Puigdemont, también se quiere exponer con los cambios de las acusaciones y tipos penales, y ahora con la reforma del Código Penal y la derogación del delito de sedición.
El TJUE ya decidió mantener cautelarmente la inmunidad de los tres eurodiputados de JxCat, en una resolución en la cual el vicepresidente del TJUE sostuvo que el "comportamiento" del ponente sobre el suplicatorio, el eurodiputado ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, y del presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento "parecen demostrar a primera vista una toma de posición o un prejuicio personal contrarios a los diputados".
¿Qué críticas se formula a cómo se tramitó el suplicatorio?
La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, además de estar presidida por el diputado de Cs Adrián Vazquez, cuenta con una alta concentración de representantes españoles, 5 de los 35 miembros, lo que la sitúa como la comisión de la Cámara con mayor representación española. Cuando el suplicatorio de los tres eurodiputados independentistas aterrizó en la comisión se designó como ponente a l'ultraconservador Angel Dzhambazki. Esta asignación se hace por turno y, por tanto, no hay margen para las protestas. Lo que sí denunciaron los políticos independentistas fue que los tres suplicatorios quedaron en manos del mismo ponente, cuando el reglamento establece que cada suplicatorio debe asignarse a un ponente. Sin embargo, el expediente siguió adelante con un único ponente.
También hubo quejas por la forma en que se siguió la tramitación del proceso, en especial, por las declaraciones públicas del eurodiputado del PP, Esteban González Pons, sobre el desarrollo de las sesiones que, según el reglamento, se deben realizar a puerta cerrada y con el compromiso de absoluta confidencialidad; o las declaraciones del propio presidente de la comisión tomando partido sobre el debate político de fondo.
Finalmente, la comisión dio luz verde a la ponencia de Dzhambazki que llegó al pleno del Parlamento en marzo del año pasado. Los eurodiputados aprobaron el suplicatorio en el pleno, pero lo hicieron con un toque de atención, dado que, frente a las contundentes votaciones con las que habitualmente se abre paso estos informes una vez superan el filtro de la comisión, en el caso del suplicatorio de los tres políticos independentistas superó a la votación con un ajustado 57% de los votos.
¿Qué efectos pueden tener las sentencias?
Las sentencias del TGUE se prevén paradentro de dos meses. Puede pasar de que no les dé la razón, es decir, que su inmunidad peligre, y entonces presentarán recurso al TJUE. También puede suceder que los dé una razón parcial, es decir, que se admita que la comisión del Parlamento Europeo actuó con falta de imparcialidad y entonces, podría pasar de que el proceso de suplicatorio comenzara de nuevo con otros eurodiputados. O, que les diera la razón y, por lo tanto, ganarían la seguridad de tener inmunidad parlamentaria en toda Europa durante su mandato, hasta el 2024. Pero, habrá que ver si el Tribunal Supremo la respeta o les hace detener al entrar en territorio catalán.
¿Y las prejudiciales sobre las euroórdenes?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró una vista (la causa C-158/21) el abril pasado en la cual las defensas de los políticos en el exilio de Junts, ERC y la CUP exponían los peligros a que fueran entregados al Estado español, donde son perseguidos para defender la independencia de Catalunya. Meses después, el abogado general se posicionó a favor del juez Pablo Llarena con las euroórdenes, en el sentido de que ningún otro país podía entrar en el fondo de la causa, como hizo Bélgica, que no quiso entregar al exconseller Lluís Puig, acusado del delito de malversación el 1-O.
Antes, la defensa del exilio informó, el mayo pasado, al tribunal del espionaje con el software Pegasus que han sufrido abogados de los exiliados, según evidencia el informe de CatalanGate, y se pidió su inmunidad en el procedimiento. El 7 de noviembre pasado también se pidió la reapertura de la fase oral del procedimiento ante nuevos hechos relevantes, como que el abogado general, en su informe, utilizó información no debatida en la vista o que hay resoluciones del TEDH que contradicen su planteamiento, que indica para constatar que un Estado de la Unión vulnera derechos se tiene que demostrar un procedimiento sistémico, mientras el TEDH sostiene que se tienen que analizar primero el caso individual de la persona.
La respuesta del TJUE, que será clave, se espera a finales de este año o a más tardar el próximo marzo. Será un elemento definitivo para el futuro de los políticos en el exilio.
¿España puede detener al presidente Puigdemont?
Es una posibilidad real. Fuentes del Tribunal Supremo, consultadas por EFE, se remiten a las resoluciones en las cuales el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, estableció que la eventual inmunidad parlamentaria de Puigdemont no lo protegería en el Estado español, dado que cuando fue elegido europarlamentario ya estaba procesado, de forma que podría ser arrestado en virtud de la orden nacional de detención que sigue vigente.
En este sentido, sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que el segundo semestre del próximo año España asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea. La detención de eurodiputados, más aún su inmunidad ha sido avalada por el tribunal de Luxemburgo y después de haber sido rechazada en otros países de la UE, no sería la mejor carta de presentación para el Estado español. Un elemento más para una ecuación tremendamente compleja.