El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley, sus siete hijos y otras once personas, entre ellas la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o los empresarios Luis Delso Heras, Carles Sumarroca Claverol y Carles Vilarrubí por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.
Penas de más de 8 años de prisión
Por estos hechos la Fiscalía pide una condena de 9 años de prisión para el ex presidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de prisión que reclama a Jordi Pujol Ferrusola.
En concreto son peticiones de 25 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, 17 para Mercè Gironès, 14 para José, y 8 para Pedro, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta. También pide cinco años de cárcel para los 10 empresarios investigados: Francesc Robert Ribes, Bernardo Domínguez Cereceres, José Barrigón Lafita, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Cornado Mateu, A.G.K. i Carles Vilarrubí Carrió.
La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de prisión y una fianza de 7,7 millones de euros para cinco delitos fiscales. Para Josep Pujol Ferrusola pide cuatro años y medio de prisión, y a la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, 17 años.
La pena más elevada es para el primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, a quien Anticorrupción pide 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública en cinco ejercicios (2007, 2008, 2009, 2010 y 2012) y frustración de ejecución. También pide penas de multa.
El juez ratifica la situación de libertad de los acusados y explica que no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.
El auto concede un plazo de un mes a los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas para los acusados.
El 16 de junio de 2020 el anterior instructor de esta causa propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
En este procedimiento también se ha investigado a empresarios que presuntamente realizaron pagos millonarios a la familia, según explicaba De la Mata en su auto, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos esos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc.