El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, denegó la aplicación de la amnistía a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, en la nueva imputación que les ha hecho por la supuesta injerencia rusa al independentismo catalán, sin esperar la preceptiva respuesta de la Fiscalía, según fuentes jurídicas han confirmado a ElNacional.cat. La ley de amnistía del procés precisa que el juez o tribunal de cada caso tiene que dar "previa audiencia" a la Fiscalía y a las partes, antes de resolver su decisión. En la resolución del 21 de junio, el juez del caso Volhov imputa a 13 personas por los delitos de malversación de fondos y traición y, daba solo 2 días en las partes para que dijeran si se les podía aplicar la norma del olvido penal. La mayoría de defensas cumplió el plazo y presentaron sus escritos, mientras el fiscal Anticorrupción, Ricardo Sanz-Gadea, envió su informe para ser ratificado por su superior, Alejandro Luzón, pero el posicionamiento de la Fiscalía se quedó en Madrid, porque se confiaba que el magistrado esperaría al informe del fiscal antes de dictar el auto (se indica que se le comunicó que se haría), como es habitual.
La resolución del juez Aguirre en la cual deniega la amnistía a Mas y Puigdemont es del 9 de julio pasado, el mismo día que acordó, en otra resolución, que enviaba la supuesta nueva trama rusa al Tribunal Supremo porque son aforados Puigdemont y Francesc de Dalmases, como actuales diputados de Junts. La Fiscalía no cumple de forma estricta los plazos fijados por los jueces, como sí que lo hacen los abogados. Sin embargo, fuentes del ministerio fiscal precisan que en las causas para aplicar la ley de amnistía son supervisadas por dos órganos superiores y que la respuesta puede llegar al fiscal del caso una o dos semanas después. Además, en el caso de la ley de amnistía, todos los jueces y tribunales están dando un plazo de 5 a 10 días para informar sobre esta norma.
Si el TSJC admite la querella, el juez se ha de abstener
Las inusuales prisas del magistrado de Barcelona se interpretan de una única manera. Si el TSJC admite a trámite la querella de Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay y de Puigdemont, contra el juez Aguirre por prevaricación, el magistrado no podrá hacer ningún trámite más del caso de la trama rusa, hasta la resolución sobre si su actuación ha sido correcta. La admisión a trámite de una querella contra un juez es motivo de abstención sobre los hechos que investía, deja bien claro la ley.
La base de la querella es que el juez Aguirre ha desoído la orden de la Audiencia de Barcelona de detener la investigación del caso Volhov a agosto de 2023, y de llevarlo a juicio o archivarlo. Boye sostiene que el juez de "forma ilegal" ha abierto una investigación sobre la injerencia rusa con la misma información que tiene del caso Volhov y poniendo a nuevos investigados para disimular que no es el mismo procedimiento. También argumenta que el magistrado del caso Volhov ha perdido toda imparcialidad por los audios grabados al juzgado, donde se le oye decir que actúa contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Informaciones parciales a los investigados
Además, esta semana, la abogada Isabel Elbal, en nombre de cuatro investigados de la trama rusa, pidió el amparo al nuevo letrado de la administración de justicia del juzgado de instrucción 1 de Barcelona (que se ha incorporado hace tres semanas) porque no se le comunicaba nada (ni las resoluciones del juez) sobre la nueva pieza de la injerencia rusa, ni siquiera la provisión de sus escritos.
Finalmente, este miércoles han recibido parcialmente los escritos. Por ejemplo, por ahora, solo se tramitan dos de los 13 recursos presentados contra la nueva investigación: la de Artur Mas y la del periodista Carles Porta. Y, solo se da traslado a las partes y después se elevará a la Audiencia de Barcelona, donde las defensas esperan que vuelva a corregir al magistrado, si no llega antes la admisión a trámite de la querella. Se verá si, esta vez, llegan a tiempo los informes del fiscal Anticorrupción.